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El "chisme" de la corrupción

José Antonio Sorolla
6 min

Cuando a Mariano Rajoy o a los ministros de su Gobierno se les reprochan los incesantes casos de corrupción, responden que la única manera de luchar contra ella es aprobar leyes y medidas como las que ellos están poniendo en marcha. Lo que ocurre es que, a la vista de lo que sucede en los organismos judiciales, estas iniciativas del PP carecen de la más mínima credibilidad. Una cosa son las leyes, que pueden ser más o menos eficaces --y tampoco se han aprobado tantas--, y otra muy distinta la actuación diaria del poder político para controlar el judicial y zafarse así de los casos de corrupción que acorralan al PP. Los nombramientos de la magistrada Concepción Espejel para presidir la Sala Penal de la Audiencia Nacional y de Enrique López para la Sala de Apelaciones de la misma Audiencia --ambos recusados en el caso Gürtel por su proximidad al PP-- van en ese sentido.

El caso del fiscal Manuel Moix es asimismo paradigmático de esta injerencia. Primero, después de que se esperaba su confirmación, el Gobierno destituyó a la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, porque se negó a nombrar a Moix para la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. En su lugar, se nombró al magistrado conservador del Tribunal Supremo José Manuel Maza, quien elevó a Moix a la Fiscalía Anticorrupción. De los siete candidatos que se presentaron, Moix era el único no especializado en los delitos de corrupción, pero aun así accedió al puesto.

Rajoy dijo que él se dedicaba a gobernar y se preocupaba de las cosas que interesan a los españoles mientras otros se concentraban en los “chismes”. La corrupción es, por lo visto, un chisme, pero un chisme muy molesto

La actuación de Moix en los tres meses que ha durado en el cargo está plagada de actuaciones polémicas, siempre en socorro del PP y sus aliados: se opuso a registros de implicados en la operación Lezo; intentó apartar a los fiscales del caso 3% en Cataluña; presionó para que el expresidente madrileño Ignacio González y su testaferro Edmundo Rodríguez Sobrino no fueran acusados de “organización criminal”; pidió que se sancionaran las filtraciones a la prensa, pero autorizó la difusión de una parte del recurso de los fiscales del que se podía desprender que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, fue el autor del chivatazo que alertó a González de que se le investigaba; se opuso a que Rajoy declarara en persona en el caso Gürtel, y su nombre apareció en las grabaciones de la operación Lezo como el fiscal preferido por los corruptos. Para solo tres meses, no está mal.

Pero el colmo llegó cuando se supo que Moix tenía junto a sus tres hermanos una sociedad patrimonial en el paraíso fiscal de Panamá, heredada de sus padres, pero mantenida por los hijos durante al menos cinco años. Esa sociedad offshore, creada para ocultar la propiedad de un lujoso chalet en Collado Villalba (Madrid), es la que al final se lo ha llevado por delante porque es insoportable que el fiscal que tiene que luchar contra la corrupción, refugiada en los paraísos fiscales, tenga una compañía en uno de ellos, con la presencia de los testaferros más reputados.

Pues bien, un día después de dimitir, Moix sostenía el viernes que no había cometido ninguna irregularidad y achacaba su retirada a la presión mediática que sufría su familia y la propia Fiscalía Anticorrupción. El día anterior, su jefe inmediato, el fiscal general del Estado, defendía lo mismo: que no había motivos para que dejara el cargo, y que por eso lo había intentado persuadir para que continuase. Aunque esa sociedad estuviera declarada a Hacienda, Moix ocultó su existencia a Maza y no fue repatriada a España en cinco años por unos motivos --sus hermanos no podían pagar el coste, aduce-- que no se sostienen. Aunque no sea ilegal, es impresentable que el fiscal jefe Anticorrupción tenga una sociedad offshore. ¿Tan difícil es entenderlo?

En todo este asunto, Rajoy primero apoyó a Moix --ahora se dice que con un “sí” protocolario-- y después la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo dejaron caer. Y en su única referencia indirecta al asunto tras la dimisión de Moix, Rajoy dijo que él se dedicaba a gobernar y se preocupaba de las cosas que interesan a los españoles mientras otros se concentraban en los “chismes”. La corrupción es, por lo visto, un chisme, pero un chisme muy molesto.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.