Cerrado por 'okupaciones'

Rosa Cullell
28.06.2022
6 min

Cataluña se ha proclamado líder de las ocupaciones en España, con el 50% del total. De ese porcentaje, tres cuartas partes en Barcelona. No es de extrañar. La alcaldesa Ada Colau lleva años protegiendo, cuando no fomentando, las entradas ilegales. Se escuda en el derecho a la vivienda, pero es la primera en incumplir el plan de pisos sociales prometido. Para frenar el golpe, se vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada. Llega el verano y aumenta el miedo entre los propietarios. La patada en la puerta puede acabar en un "cerrado por okupaciones".

La manga ancha ante el allanamiento de morada ayuda a explicar las 7.345 ocupaciones que se produjeron en Cataluña el pasado año. Contrastan, para mal, con los 2.557 casos registrados en Andalucía, los 1.779 de Valencia o los 1.660 de Madrid.

Barcelona, más que cualquier otra urbe española, es tolerante con la entrada forzada en las casas. El centro, los barrios más humildes y parte de su cinturón metropolitano se han convertido en lugares inseguros, sucios, ruidosos... dejados. Ciutat Vella, Sant Andreu, Nou Barris, Sants y Poble Sec son las zonas más afectadas. Y la patada en la puerta, en sus viejos edificios, es un buen negocio para las mafias que realquilan y ofrecen pisos ajenos.

A la ocupación también acuden jóvenes, y no precisamente de clases trabajadoras. Mi fisioterapeuta se asustó cuando su hijo le dijo que se iba de casa con la novia, porque “unos colegas” le habían encontrado un piso vacío y bastante céntrico en Barcelona. Necesitaba 500 euros para okuparlo. El padre, cuyo negocio va bien, se negó a dárselos, pero los encontraron. Y ahí siguen. Sin pagar alquiler, con luz y agua gratis.  

Barcelona es el paraíso de los okupas antisistema. Declaran el local “Espai alliberat” y ya pueden hacer fiestas y reivindicar sus múltiples derechos. Al parecer, tienen más que el resto de barceloneses a los que ensordecen con sus saraos. Está pasando junto al Camp Nou, donde los okupas no acaban de llegar a un acuerdo con la asociación de vecinos sobre un edificio recién ocupado. Los propietarios no aparecen. Quizás quebraron.

En los 80, los squattters ingleses --jóvenes que cobraban subsidios y se dedicaban a la música, a la droga o a no hacer nada de nada-- ocuparon medio sur de Londres. Tuve amigos, algunos españoles, que vivieron años en pisos de la capital británica sin pagar una libra. Durante mi estancia londinense, no encontraba habitación a buen precio y visité un predio ocupado. Fue abrir el ascensor, oler a meados, y salir corriendo a hacer más horas extras.

En el Berlín de los 90, tras la caída del muro, también proliferaron las zonas de vivienda libre y gratuita. Grupos antisistema se instalaron en unos 130 edificios vacíos. El número 34 fue el último bloque sin contratos en la famosa calle Liebigstrasse; lo desahuciaron hace dos años. Los propietarios llevaban 30 años sin poder disponer de la propiedad.

La mayor parte de Europa ha reforzado sus leyes antiocupación. Francia, Italia, Reino Unido o Alemania resuelven de forma inmediata el allanamiento, con multas y hasta penas de prisión. Con mostrar el título de propiedad, la policía consigue la autorización del juez y desocupa.

En Barcelona, sacar a los falsos inquilinos es una odisea cara y lenta. Los propietarios han optado por tapiar entradas y bajos, poner puertas contra desahucios o alarmas que salten con la primera patada. Rápido, rápido. Según la jurisprudencia, la ocupación es allanamiento de morada solo durante 48 horas. Si el propietario llega más tarde, el piso se pierde por una buena temporada, incluso años.

A la manga ancha de la alcaldesa, se han sumado los últimos decretos del Govern de la Generalitat para mejorar el acceso a la vivienda y fomentar el alquiler. El efecto ha sido el contrario. Según Idealista, la oferta de alquileres convencionales ha caído un 34% respecto a marzo de 2020. Y los precios, ante la falta de oferta, han subido.  

Los pisos sociales siguen con una lista de espera kilométrica. España solo cuenta con un 2,5% de oferta pública sobre el total del parque de viviendas, seis puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. Cataluña está en el 2%.

Colau prometió que, durante su mandato (el que está finalizando), construiría 8.000 viviendas para personas vulnerables. Con elecciones a la vista, acaba de anunciar que están en marcha 2.300 proyectos. No hay fecha de entrega.

Entretanto llega otro verano caliente. Los vecinos del Raval prefieren no abandonar sus viviendas; los administradores de fincas contratan alarmas y vigilantes para las casas vacías. Barcelona cierra por okupaciones.

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¿Quién es... Rosa Cullell?
Rosa Cullell

Rosa Cullell es periodista. Trabajó como periodista en Mundo Diario, BBC (International Services-London) y El País. Durante su trayectoria profesional ha sido directora general Adjunta Ejecutiva de la Caixa, directora general del Liceu, directora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y Consejera Delegada del grupo de comunicación portugués Media Capital.