Escucharles cuando hablan en el hemiciclo, sean diputados nacionales o autonómicos, horroriza. ¡Señorías, qué lenguaje!,  viperino, truculento, insidioso, gratuito… No el de todos, pero sí el de muchos, demasiados. No siempre ha sido así. La degradación de la retórica parlamentaria en España es relativamente reciente. El lenguaje era duro, “Váyase, señor González”, soltó Aznar en 1994, pero no barriobajero. La gran oratoria de las Cortes de la Segunda República no volverá a repetirse; exijamos al menos que en las Cortes actuales se evite la bajeza.

Ana Pastor, la presidenta del Congreso, tiene razón cuando afirma que “la palabra no se puede utilizar para insultar” y tuvo razón al expulsar del hemiciclo a Gabriel Rufián por su comportamiento rufianesco en la sesión de control al Gobierno del pasado 21 de noviembre, expulsión seguida de la salida (cómplice) del resto de los diputados de ERC.

La verborrea procaz del independentismo y el recuerdo de sus recientes actos (fallidos) han contaminado la política de España entera --ahora mismo la campaña de las elecciones andaluzas-- y han enrarecido el ambiente como ninguna otra cuestión. La calle una vez más ha saltado al parlamento, cuando debería ser al revés; la razón del parlamento, hablar para convivir, tendría que imponerse en la calle. El cruce de invectivas: golpistas, fascistas…, que se oye con frecuencia en la calle, ha aparecido con fuerza en el hemiciclo.

En el parlamento el significado de las palabras, excluyendo su uso como envoltura de sentimientos, debería ser preciso, corresponderse al máximo con la realidad que se pretende describir. ¿Han sido unos golpistas los dirigentes independentistas políticos y civiles, y, por lo tanto, de serlo, sería correcto calificarles como tales --el lugar y la oportunidad de la calificación al margen-- y no un insulto?

Trece de los dirigentes del independentismo se hallan procesados por un delito de rebelión en espera del juicio que determinará si fueron golpistas, siendo la rebelión un elemento consubstancial al golpe de Estado. Se juzgarán sus actos y que calificación penal merecen la derogación de hecho  de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía en Cataluña, el apoyo en la calle, con resistencia a la autoridad, a la celebración de un referéndum prohibido por el TC, la declaración unilateral de independencia… No se puede negar que esos hechos existen, y de cuya gravedad y autoría los dirigentes independentistas tendrán que responder en los tribunales.

¿Qué  actos de los diputados y dirigentes de Ciudadanos justificarían su identificación como fascistas, como propugnadores de un Estado totalitario, por definición sin libertades ni democracia representativa, que eso es el fascismo? La posición ideológica y el discurso político de aquellos podrán gustar o no, pero absolutamente nada se les puede atribuir que los identifique con el fascismo.

Objetivamente, los unos se sitúan cerca del golpismo, los otros se hallan lejos del fascismo. Sus Señorías en general deberían comportarse con comedimiento y no olvidar que la sociedad a la que representan en la democracia parlamentaria les mira, con estupor cuando se desmadran.