El pasado domingo, Oriol Junqueras lanzó en Twitter: “Si los presupuestos que propone el Govern tienen el apoyo de los empresarios, los sindicatos y el tercer sector, ¿quién se puede oponer?”. El lunes anterior, al inicio de la semana del macropuente, Pere Aragonès logró escenificar una foto inédita que tenía como objetivo presionar a Junts, pero sobre todo al PSC, para que sin mucha dilación se adhiriesen a las cuentas que todavía el Govern no ha entrado en el Parlament, ni tampoco negociado a fondo con el principal partido de la oposición. Con Junts la negociación no haría mucha falta porque, en realidad, fue Jaume Giró, consejero de Economía antes del cisma independentista, quien elaboró los presupuestos. Otra cosa es que muy difícilmente el partido de Jordi Turull vaya a entregarle a Aragonès esa prenda después de irse del Govern.

El teatrillo de la participación de los agentes sociales en las cuentas se saldó con la firma de un acuerdo con medidas para paliar los efectos de la crisis actual por valor de 1.440 millones. Cuando se repasa la lista de los compromisos da la impresión de que la mayoría ya iban en la propuesta original del Ejecutivo catalán, como la mejora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, o una notable partida para el tan reclamado Pacto Nacional para la Industria. Es posible que los agentes sociales hayan mejorado algunos flecos, pero la rapidez del acuerdo, sin ninguna noticia previa de que nada se estuviera negociando, invita a pensar que sencillamente les invitaron a prestar su apoyo público a las cuentas, y sindicatos y empresarios acudieron raudos a la llamada pastoril en el Palau de la Generalitat.

La escena del lunes 5 de diciembre, en la que los agentes sociales aparecieron firmando junto a Pere Aragonès un acuerdo que los medios de la Generalitat presentaron una vez más como “histórico”, sirvió de argumento para que ERC reclamase a PSC, Junts y comuns su pronto apoyo a los presupuestos. Esa escena, que por un momento nos devolvió a las unanimidades procesistas con la sociedad civil haciendo de coro, es el fiel reflejo del espíritu pastoril que caracteriza la vida pública en Cataluña. Entiéndaseme bien. No es que critique la voluntad de concertación. Los sindicatos, empresarios y el tercer sector deben jugar un papel importantísimo en muchas cuestiones, en materia laboral, por ejemplo, qué duda cabe. Pero lo que es inaudito es que un Govern, que en el Parlament cuenta solo con una exigua minoría de 33 diputados, busque el apoyo público de los agentes sociales a favor de su propuesta presupuestaria, y que estos se presten a hacer de palanca de presión, aunque formalmente insten a todos los partidos a buscar el acuerdo.

La lógica invita a pensar que habrá presupuestos con el voto a favor del PSC, no sin antes una negociación cada día más exigente por parte de Salvador Illa, consciente de que en el fondo lo mejor para sus intereses electorales sería que ERC le diera una buena excusa para no hacerlo. Porque es evidente que si Aragonès saca adelante las cuentas obtendrá un pasaporte para llevar la legislatura hasta como mínimo mediados de 2024, gobernando en absoluta minoría. Para el PSC ese es un mal escenario porque ofrece a ERC la posibilidad de consolidarse en el Govern, de fortalecerse en las municipales de mayo y, peor aún, abre la posibilidad de que a finales de 2023 el PP llegue al Gobierno de España con el apoyo de Vox, entre otras gracias a la incomprensible torpeza de Pedro Sánchez reformando el delito de malversación. Si ese cambio en la política española se produce, el independentismo volverá a las andadas con otro tipo de procés, y los republicanos tendrán hecha la siguiente campaña.