Hay un país en el que el presidente del Gobierno anima las acciones de la guerrilla urbana y apoya la desobediencia civil; en el que el ministro del Interior investiga a los policías en lugar de a quienes les atacan y lamenta que grupos opositores puedan acogerse a la ley para manifestarse; en el que el director de la policía atribuye a elementos incontrolados los incidentes violentos protagonizados por quienes exhiben bien alto su nombre y sus consignas, y en el que se nombra a un exdirigente de un partido antisistema director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. ¿Afganistán? ¿Irán? ¿Venezuela? No. Cataluña. El mundo al revés.

Todos estos hechos ocurrieron en Cataluña en la semana de conmemoración del referéndum sin garantías del 1 de octubre de 2017. El president Quim Torra animó a los "amigos" de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) a apretar. "Apretáis, y hacéis bien en apretar", dijo el lunes en su discurso en Sant Julià de Ramis, donde el Govern se reunió para recordar el 1-O en el pueblo donde Carles Puigdemont iba a votar. También aseguró en otra muestra de su desvarío: "Condeno cualquier acción de violencia, pero no condeno a ningún independentista". ¿Quiere decir con ello que no hay ningún independentista violento o que cuando la violencia la protagoniza un independentista no es violencia?

Pese a defender a los Mossos d'Esquadra que el sábado anterior fueron atacados con pintura de colores por grupos independentistas cuando separaban una manifestación indepe de otra del sindicato policial Jusapol, el conseller de Interior, Miquel Buch, cedió a las presiones y aseguró que investigaría si algún agente se había excedido al disolver a los independentistas. Al mismo tiempo, lamentó que una ley, que se preocupó de especificar que era "española", protegiera la libertad de expresión y manifestación de los policías que salieron a la calle para pedir la equiparación salarial con los Mossos y para defender la actuación de sus compañeros de la Policía Nacional el 1-O del año pasado. También afirmó que las cargas de los Mossos ese sábado no fueron "cargas", emulando al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos cuando negó que el 1-O hubiera habido cargas policiales. Se ve que solo son cargas las de los otros, nunca las propias.

Dentro de la colección de disparates, el director de los Mossos, Andreu Martínez, se preocupó más por desvincular a los CDR del asalto al Parlament el lunes por la noche que de defender al cuerpo. Mientras los manifestantes habían acudido convocados por los CDR y exhibían sus consignas ("Desobedeced o dimitid", por ejemplo), Martínez justificó su afirmación de librar de responsabilidad a los CDR en que los incidentes violentos se produjeron cuando la manifestación había sido ya desconvocada. ¿Qué prueba eso? ¿Cómo sabe que ningún miembro de los comités se quedó y participó en el asalto? La teoría de que todos los actos violentos (sea en Sants, en el paseo de Gràcia o frente al Parlament) los protagonizan "incontrolados" es tan vieja y seguramente tan falsa que nadie se la cree ya.

En el nombramiento de Adam Majó como director de la recién creada Oficina de Derechos Civiles y Políticos, se ha querido destacar que este antiguo miembro del secretariado de la CUP abandonó la organización a finales de 2017 porque mantenía algunas discrepancias con su línea política. Concejal en el Ayuntamiento de Manresa entre el 2007 y el 2015 y consejero comarcal del Bages, no deja de ser paradójico que un miembro de la dirección de una organización antisistema hasta hace bien poco sea el encargado de vigilar si en Cataluña se respetan los derechos civiles y políticos.

El nombramiento se produjo en la reunión del Govern celebrada el 1-O. El mismo día, entre las curiosidades que deparó la conmemoración destaca la apertura en el centro Arts Santa Mònica de la exposición 55 urnas para la libertad, integrada por urnas utilizadas hace un año en el referéndum, del que la muestra quiere ser "un memorial", según manifestó en la inauguración la consellera de Cultura, Laura Borràs. Torra, también presente, fue aún más lejos y dijo sin ruborizarse que había pedido a Borràs que las urnas, fabricadas en China, "ingresen en la colección de arte contemporáneo de Cataluña". ¿Serán firmadas con el lema "artista chino desconocido"?

Pero la semana aún dio para más. En un ambiente de desconcierto y división independentista como nunca antes se había visto, Torra puede pasar a la historia como el presidente que lanzó el ultimátum que duró menos tiempo. Sin comunicarlo ni a ERC ni al PDeCAT, en el debate de política general emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aceptar un referéndum de autodeterminación antes de noviembre si no quería perder el apoyo de los independentistas. Sin embargo, los grupos de ERC y el PDeCAT en el Congreso de los Diputados se desmarcaron inmediatamente de la iniciativa, lo mismo que hicieron Esquerra y los posconvergentes en Barcelona. A las 24 horas, del ultimátum no había ni rastro: ni en las resoluciones del debate ni en la carta que Torra envió a Sánchez pidiéndole una negociación. A todo esto, el final del debate no se pudo celebrar por las discrepancias entre ERC y Junts per Catalunya sobre la sustitución de los diputados procesados.

Una semana que debía ser de conmemoración para el independentismo se ha convertido en una semana negra en la que han cristalizado las divisiones y el amateurismo político y, lo que es peor, ha asomado el tétrico rostro de la violencia.