Cuando faltan cinco días para que se cumpla la fecha límite para la investidura, las negociaciones entre los tres partidos independentistas van a paso de tortuga. Abandonada ya la ilusoria pretensión del Govern amplio, desde Junts hasta los comunes, que proponía ERC, todo está enfocado hacia una nueva alianza entre los republicanos y los puigdemontistas con la incógnita de si la CUP entrará o no en el ejecutivo, que más bien parece que no. Era tan ilusorio lo del Govern amplio que ERC ni siquiera facilitó la entrada de los comunes en la mesa del Parlament.

A Cataluña le espera, pues, una nueva ración de más de lo mismo, pero peor. Será peor al menos por dos razones. La primera es que se va a vivir una reproducción de los tres años largos de desgobierno, parálisis, gestualidad inútil y peleas diarias protagonizados de nuevo por ERC y Junts, con la dosis de cansancio y hartazgo que producen las segundas partes que, como se sabe, nunca fueron buenas. La cuestión es hasta cuándo soportará la sociedad catalana esta situación.

La misma constitución del Parlament y el periodo negociador han dado ya testimonio de lo que nos espera. Para la formación de la mesa de la cámara hubo que esperar a los minutos de descuento y lo mismo se prevé para el pacto de investidura. Pero es que ni siquiera la constitución del Parlament, en la que Esquerra votó a Laura Borràs, sirvió para aclarar el camino a la investidura. El mismo día en que se elegía a Borràs, el expresidente Carles Puigdemont declaraba a El Punt-Avui que no podía darse por garantizado el apoyo de Junts a Pere Aragonès para presidir la Generalitat. La misma idea expresó Borràs tras ser investida en una entrevista en TV3. “Las negociaciones no están cerradas ni mucho menos”, dijo.

La segunda razón de que todo irá peor reside en la misma elección de Borràs al frente del Parlament, desde donde ejercerá una guerrilla, una especie de poder paralelo para someter a marcaje al Govern con el objetivo de decantarlo hacia posiciones más radicales. Su discurso de toma de posesión fue una clara advertencia en este sentido. En su estilo desafiante, planteó un pulso frente a las “injerencias” del Estado, habló de “venganza” judicial y proclamó que iba a “mantener la inviolabilidad del Parlament, su independencia, no permitiendo injerencias del poder ejecutivo ni del judicial”, con una curiosa concepción de la separación de poderes, que interpreta que los poderes legislativo y ejecutivo son autónomos y no pueden estar sometidos al control judicial. Puro populismo en la línea de que el pueblo está por encima de las leyes, que olvida que todos los poderes públicos deben estar sujetos al control de los jueces y los tribunales.

Borràs mostró asimismo su desprecio al anterior presidente del Parlament, Roger Torrent, al que ni siquiera mencionó y cuya etapa al frente de la cámara borró al declararse continuadora de la obra de Carme Forcadell. Torrent pagaba así su negativa a investir de forma telemática a Puigdemont en el inicio de la legislatura y su decisión de retirar el escaño a Quim Torra cuando lo determinó la Junta Electoral Central.

Pero el desparpajo de Borràs no tiene límites. Ahora pretende reformar el reglamento del Parlament para retocar el artículo 25.1, fruto del pacto anticorrupción en Cataluña, que establece la suspensión de deberes y derechos parlamentarios del diputado a quien se abra un juicio oral por delitos de malversación de fondos u otros relacionados con la corrupción. La presidenta de la cámara pretende así salvarse a sí misma, imputada como está por prevaricación y malversación, entre otros delitos, por haber troceado contratos para favorecer a un amigo cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes.

¿Está dispuesta ERC, que presume de no haber tenido nunca casos de corrupción, a rebajar la exigencia ética de la cámara que supondría la reforma del reglamento en este punto? Este será un test que marcará el grado hasta el que puede rebajarse Esquerra para pactar la investidura con Junts. Porque, pese a la insistencia de Borràs en que su imputación es una “persecución política”, es muy difícil que los demás grupos políticos le compren esa versión cuando se trata de unos trapicheos privados con dinero público cuando ni siquiera se dedicaba a la política.