Si hacemos un repaso a la última edición de la Macroencuesta de violencia contra la Mujer, podemos constatar que Cataluña es líder, en el contexto de España, en la poco honrosa liga de la violencia machista. Estamos en primera posición en violencia económica y psicológica de control pero también cuando medimos la violencia total que sufren las mujeres, física, sexual y emocional, algo que han experimentado un 41,4% de las encuestadas. Somos la segunda comunidad, tras la Comunidad Valenciana, donde las mujeres han sufrido más acoso sexual en el último año y la tercera con más violencia sexual: la han sufrido un 18% de las mujeres mayores de 16 años.
Estás cifras, que deberían movilizar recursos y esfuerzos para atajar un problema social de primer orden como es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, permanecen, sin embargo, ausentes de nuestro debate político y de nuestras prioridades. Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, las instituciones se llenan de lazos violeta y se hacen minutos de silencio por las mujeres asesinadas pero las políticas que impulsa el govern de Cataluña están muy lejos de las necesidades que constatan las estadísticas.
Hasta marzo pasado teníamos una red de atención que llegaba sólo a una de cada diez mujeres que se estimaba eran víctimas de violencia machista en Cataluña. Habían sólo 59 profesionales, en los ocho servicios de intervención especializada existentes, los SIE, para recuperar a todas las víctimas. Estos servicios se han ampliando a lo largo de 2020 gracias a los recursos transferidos por el gobierno central para desplegar el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero siguen estando muy lejos de las necesidades. De hecho, ni siquiera se ha duplicado la atención. Lo dicen las trabajadoras de los servicios, que no dan abasto, pero también las entidades que atienden a víctimas de violencia machista que denuncian un aumento alarmante de las llamadas de auxilio pero una escasez absoluta de recursos para ofrecerles. Esto, en un momento en que la llegada del Covid-19 ha hecho crecer las necesidades por las situaciones de confinamiento pero también de mayor dependencia económica que sufren miles y miles de mujeres.
En octubre de 2018, el Parlament de Cataluña aprobó a propuesta del grupo socialista sacar adelante un Pacto catalán contra la violencia machista que tenía que ser realidad en seis meses. Desde entonces se han sucedido las excusas. Hace un año, la consejera de la presidencia, Meritxell Budó, contestó en un pleno que se había creado un grupo de trabajo para abordar el pacto y que se estaba trabajando para coordinar a las portavoces de igualdad parlamentarias pero no volvió a hablar del tema.
Lo cierto es que han pasado dos años y no se ha avanzado en sacar adelante un pacto que debería reunir a todos los partidos políticos con presencia en el Parlament para consensuar medidas de choque, calendarizadas en el tiempo y acompañadas de un presupuesto. Medidas que cuenten con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias para garantizar que estén blindadas en los presupuestos, gobierne quien gobierne. Es lo que han hecho otras comunidades y lo que hizo el Congreso de los Diputados con el Pacto de Estado contra la violencia de género que permite contar cada año con un presupuesto de 200 millones de euros. De hecho, gran parte de las actuaciones que se están sacando adelante en Cataluña son gracias a los 12,8 millones de euros que recibe de estos fondos.
La socióloga costarricense Montserrat Sagot sostiene que la pasividad de las administraciones ante la violencia de género es una forma de socavar la democracia porque decimos a las mujeres que tienen que conformarse con su situación, lo que es una forma de negarle sus derechos. También porque enviamos a las nuevas generaciones el mensaje de que la violencia es una forma permitida y legitimada de comportamiento y relación social.
Cataluña necesita un cambio por muchas razones pero una de ellas es que los grandes retos sociales que tenemos por delante deben ser prioridad. Necesitamos un govern que haga algo más que declararse feminista y lucir un lazo violeta en la solapa. Necesitamos un gobierno que garantice que la lucha contra la violencia que sufren las mujeres será por fin una prioridad en Cataluña.
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