El declive de Cataluña ha entrado de lleno en el temario del debate político. El consejero de Economía y ex dirigente bancario Jaume Giró negó esta semana en el Parlament que el procés haya provocado decadencia alguna. Además, acusó a quienes divulgan semejante especie de “tergiversar los hechos”.

Aun soltó otras dos perlas. Primera, que la economía catalana es sólida como una roca, va como un tiro y continúa por delante de Madrid. Y segunda, que la culpa de todo la tiene el Gobierno de Mariano Rajoy, por haber instigado la fuga de empresas con un decreto que facilitaba el traslado del domicilio de las sociedades.

Si hay alguien que conoce cómo se pergeñó el famoso decreto es precisamente Jaume Giró. Porque fue su jefe Isidro Fainé, factótum supremo del grupo La Caixa, quien imploró de rodillas al Gobierno de Rajoy un cambio normativo urgente para facilitar la mudanza de su conglomerado financiero. En aquellos aciagos momentos de septiembre-octubre de 2017, Caixabank y el Sabadell sufrían una sangría masiva de depósitos hacia los otros bancos nacionales. Ambos corrían el riesgo de un colapso letal en pocos días si las retiradas de dinero no se detenían en seco.

Por lo demás, Giró debería saber que el decreto de marras afectaba a todas las firmas mercantiles residentes en España. Y las únicas que decidieron salir en estampida de su territorio fueron las catalanas. Ni las madrileñas, ni las andaluzas ni las vascas ni ninguna otra compañía modificaron sus respectivas sedes. Solo lo hicieron en tropel las de esta demarcación nororiental, debido al golpismo y la amenaza secesionista del Govern de Carles Puigdemont.

El predecesor y mentor de este último, Artur Mas, propaló que a ningún banco se le ocurriría marcharse de la comunidad. Aseguró también que las entidades extranjeras iban a hacer cola para abrir sus oficinas en una Cataluña independiente, dado que su producto interior bruto representaba nada menos que la cuarta parte del de toda España.

Por desgracia, la cruda realidad evidencia que no ha venido un solo banco foráneo y que los dos gigantes autóctonos que había entonces, Caixabank y Sabadell, volaron para siempre, pues no dan la menor muestra de haberse arrepentido de su fuga.

Que santa Lucía conserve la vista al señor Mas. Como adivino no tiene precio. Los años y los lustros parecen pasar para todo el mundo menos para él, que preserva intacta su famosa estampa de jefe de planta de El Corte Inglés.

Desde los siniestros días del pucherazo propinado a la democracia han pasado cuatro años. Muchos dirigentes vernáculos siguen repitiendo con machaconería la monserga de que la independencia está a la vuelta de la esquina y cuando sobrevenga, los catalanes atarán los perros con longaniza y la tierra prometida será algo parecido al reino de Jauja. Pero aun así, la situación política tiende a calmarse.

Entretanto, la huida de empresas no amaina. Cada una esgrime sus propios motivos para marcharse a otras latitudes ibéricas. Pero las incertidumbres políticas imperantes por estos andurriales y el infierno fiscal que achicharra a los contribuyentes son sin duda dos factores decisivos para hacer la maleta y embarcarse en el AVE hacia otros destinos menos inhóspitos.

El año pasado se largaron de la región casi 700 entidades. La mitad de ellas optó por asentarse en Madrid. En 2021 sigue el movimiento. Hasta octubre se han exiliado otras 300. Una vez más, la mitad ha fijado su cuartel general en la villa del oso y el madroño.

Desde que Artur Mas lanzó siete años atrás su fantasiosa consulta independentista, cerca de 9.000 empresas han abandonado Cataluña hasta el día de hoy. Pocos datos como este condensan y resumen el daño irreparable que las ínfulas secesionistas de unas facciones políticas han ocasionado al pueblo catalán.