Menú Buscar

Una Cataluña desnortada en políticas sociales

Raúl Moreno
7 min

¿Puede un gobernante renunciar a unos Presupuestos claramente beneficiosos para su población? ¿Hay algún interés superior al de garantizar el bienestar del conjunto de su ciudadanía? Parecería que no. Más allá de la defensa del legítimo proyecto político que defienda, un gobernante debe garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y eso conlleva dotarlos económicamente. Tal vez, ante estas preguntas de evidente respuesta positiva, buena parte de la ciudadanía no acaba de entender la negativa de los grupos parlamentarios que apoyan al Govern de Cataluña a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, cuando los perciben claramente beneficiosos para ellos y ellas. Me atrevería decir que es complicado encontrar anteriores presupuestos generales que hayan conciliado tanto consenso social. No pretendo glosar dichos beneficios que, por otro lado, han estado ampliamente referenciados incluso por algunos representantes políticos independentistas. Lo que pretendo es repasar la situación de urgencia social por la que pasa Cataluña y como una posición negativa del Govern solo empeoraría la situación.

Después de años de crisis, donde el sistema de protección social se ha puesto a prueba, Cataluña se enfrenta a un futuro complicado. La desigualdad no se reduce significativamente como si lo hace en otras Comunidades Autónomas. Es más, aumenta la cronificación de la pobreza por la conjunción de diversos factores: la precariedad laboral, la falta de oportunidades, el colapso del ascensor social. Además, la dificultad en el acceso a prestaciones, al acompañamiento social y a programas de inserción se ha convertido en el cóctel perfecto que perpetúa la pobreza de miles de familias catalanas.

El caso de Cataluña es paradójico: no solo ha sido la Comunidad Autónoma que más ha recortado, sino que es la que más está tardando en revertir esos recortes. Hoy en día, la inversión por habitante en Salud, Educación y servicios sociales es 560 euros inferior a la de 2009, a pesar de ser una de las Comunidades que más crece económicamente. Por otro lado, Baleares, Navarra, Euskadi, Cantabria, Asturias o la Comunidad Valenciana son las que más están revertiendo los recortes sociales de los últimos años.

Según la tasa AROPE, una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña. Poco se ha movido este indicador en los últimos años. Mujeres, familias monomarentales, trabajadores con sueldos bajos y baja formación, y menores de 18 años son la cara de la pobreza catalana.

Cataluña debe afrontar que una parte importante de su población vive ya en condiciones de pobreza estructural e intentar paliar esa situación requerirá de una acción coordinada y eficaz por parte de los poderes públicos invirtiendo los recursos públicos suficientes. Vivimos en una autonomía donde las políticas de prevención brillan por su ausencia, donde la garantía de rentas se aplica a cuentagotas, donde acceder y mantener la vivienda es un acto heroico para miles de familias, y donde el trabajo administrativo ha sustituido el necesario acompañamiento social por parte de los y las profesionales de los servicios sociales, saturados, mal pagados y poco reconocidos.

Vivimos en una interminable lista de espera: para recibir la prestación por dependencia aún teniéndola reconocida (la más alta de España), para acceder a una plaza de residencia, para recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía (solo se conceden el 7% de las solicitudes) para ser atendido por un médico especialista, para obtener un certificado de discapacidad... Convivimos con leyes sociales aprobadas que nunca han visto desarrollado su reglamento y que no están dotadas económicamente, como por ejemplo la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia o la Ley de lengua de signos catalana --ambas de 2010--, o la Cartera de Servicios de la Ley de Servicios Sociales, paralizada desde 2011 pese a que el Parlamento ha aprobado su renovación en una decena de ocasiones. Un ejemplo más: el último Plan Estratégico de Servicios Sociales es del año 2013. Cataluña no sabe a dónde va, está desnortada en relación al bienestar social del conjunto de la ciudadanía.

Cuatro elecciones al Parlament de Cataluña en ocho años, el procés de independencia como monotema en la agenda política, la incapacidad de desarrollar planes y mociones aprobadas incluso con los votos afirmativos de los partidos que dan apoyo al Govern, o reconocer que no se van a desarrollar los acuerdos tomados en dos plenos monográficos sobre pobreza celebrados a instancias de la oposición, son solo algunos elementos que refuerzan la idea que los años de crisis han sido años perdidos en la necesaria reforma de algunas políticas sociales fundamentales, en modificaciones legislativas o en la aplicación de políticas concretas.

Frente a esta situación, el Govern de Torra no puede cerrar la puerta a unos Presupuestos que mejoran claramente muchos de los aspectos destacados anteriormente, y menos excusándose en contrapartidas que nada tienen que ver con el contenido presupuestario y que atacan directamente la necesaria y mejorable separación de poderes de nuestro Estado. Torra ha elegido hacer política por encima de las políticas, lo que contribuye al hartazgo, al pesimismo y a la desesperación de unos ciudadanos que se sienten moneda de cambio de los objetivos políticos imposibles de su gobernante.

 

Raúl Moreno
Diputado del PSC en el Parlament de Cataluña

Artículos anteriores
¿Quién es... Raúl Moreno?
Raúl Moreno

Diputado del PSC en el Parlament de Cataluña y ponente de la Renta Garantizada de Ciudadanía.