Los cárteles esquilman a los consumidores

Gonzalo Baratech
6 min

La existencia de los cárteles es casi tan vieja como el capitalismo. Bien podría decirse que forma parte de su misma esencia. No hay compañía que no abrigue el recóndito propósito de vender sus productos al precio máximo. Lo malo es que para ello, algunas no dudan en aliarse de forma subterránea con sus contrincantes, a la busca de un lucro cómodo y recrecido.

Bastantes empresarios, por más que declaren lo contrario, no aspiran en realidad a ejercer su profesión en régimen de sana emulación. Bien al contrario, movidos por una voraz codicia, cifran su meta en controlar el mercado férreamente, eliminar a los rivales más molestos, dictar los precios a su antojo y exprimir sin piedad a los consumidores.

Vienen estas consideraciones a cuento de la multa de 80 millones que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) acaba de imponer a ocho empresas y dos asociaciones del sector de la leche por pactar los precios. Se trata del enésimo cártel descubierto por la institución.

La lista incluye al Gotha de los lácteos: Calidad Pascual, Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), Danone, Industrias Lácteas de Granada, Lactalis, Nestlé España y Schreiber Food.

El contubernio contó con más participantes, entre ellos Industrias Lácteas Asturianas, Leche Celta y Central Lechera Asturiana, pero se libran del trance gracias a que sus infracciones han prescrito.

El cártel de marras estuvo funcionando entre 2000 y 2013. Los participantes intercambiaron abundante documentación sobre los excedentes y sobre los precios y volúmenes pactados con los ganaderos. Así, pudieron coordinar sus estrategias, en perjuicio de estos últimos.

Este expediente se remonta a 2015, cuando la Comisión aplicó correctivos a una docena de empresas y organizaciones del sector. La Audiencia Nacional los anuló por un defecto de forma. Una vez subsanado éste, en enero el organismo reabrió el caso, con el desenlace transcrito.

A juzgar por la intensa actividad que viene desplegando la Comisión, no parece sino que España sea una especie de patio de monipodio, donde las firmas mercantiles hacen de su capa un sayo y se coaligan en cónclaves clandestinos para expoliar a modo tanto a los consumidores como a las administraciones públicas.

En los últimos doce meses la Comisión ha propinado otros fuertes castigos pecuniarios. Sin ánimo de ser exhaustivo, he aquí unos cuantos botones de muestra.

Primero. Imposición de 30 millones a once sociedades informáticas, entre ellas Accenture, Atos Spain, Connectis ICT Services, IBM y SAG España. Las acusa de mangonear las contratas con diversos ministerios para la instalación de equipos informáticos y la preparación de datos para su tratamiento, con devengo de sobreprecios abusivos. Entre las víctimas figuran nada menos que la todopoderosa Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.

Segundo. Afloramiento de un cártel constituido para beneficiarse irregularmente de las obras de electrificación ferroviaria. Ha acarreado 118 millones de condena a una quincena de compañías. Las más conocidas son Alstom, Cobra, Comsa, Elecnor, Isolux Corsán y Siemens.

Tercero, destape de un acuerdo ilícito suscrito entre las tabaqueras Philip Morris Spain, Altadis, JTI Iberia y la distribuidora Logista con el propósito de manipular la venta de cigarrillos. Les han caído casi 60 millones.

Y cuarto, montaje fraudulento por parte de 34 editoriales de libros de texto, entre ellas Anaya, Edelvives, Oxford University y Santillana, más la patronal Anele. Les han llovido 34 millones.

La CNMC tiene entre manos, ahora mismo, otros varios expedientes en los que están involucrados los gigantes de la construcción Acciona, FCC, Ferrovial, Isolux Corsán y OHL, amén de las auditoras Deloitte y Pricewaterhouse Coopers y la ingeniería Idom.

El modus operandi de estas tramas delictivas reviste comportamientos propios de la mafia. Mantienen reuniones furtivas en hoteles, amañan subastas públicas, determinan los precios bajo mano, se reparten los clientes en amigable componenda, intercambian información comercial reservada y expulsan a los competidores que no participan en el trato.

Los cárteles tienen a veces ramificaciones insospechadas. Ni siquiera se libran las instalaciones de ferias para el ocio popular. Años atrás, las autoridades andaluzas descubrieron que las 116 atracciones de la feria de abril de Sevilla habían urdido una sospechosa y uniforme tarifa de 3 euros por viaje. Una vez comenzada la feria, todas a la vez la incrementaron a 5 euros. Abierto el oportuno expediente, concluyó con una dura punición al centenar largo de conchavados.

Semejantes maquinaciones han existido desde la noche de los tiempos. La colusión de precios es una práctica tan corriente como perversa, dado que encarece los productos y pulveriza la concurrencia entre las empresas. De ahí que las leyes la persigan a sangre y fuego con el medio eficaz más conocido de ponerle coto, esto es, una rigurosa sanción crematística.

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¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política, de reciente publicación. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.

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