En una monarquía parlamentaria la idea de pedirle por carta una entrevista al monarca para explicarle los méritos de una república catalana es una muy grave irresponsabilidad institucional, como lo es quejarse de que el presidente de Gobierno reciba primero al lehendakari que al presidente de la Generalitat cuando éste es el protocolo del Estado, desde la aprobación de los estatutos de autonomía. Por la lógica constitucional más obvia, la Casa Real trasladó ya la carta a La Moncloa. Junto a Quim Torra --más célebre por sus afirmaciones supremacistas que por su consistencia política-- firman la carta un Carles Puigdemont en situación de prófugo de la justicia y Artur Mas, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por unanimidad, a dos años de inhabilitación para cargo público desde marzo de 2017, por no hablar de la multa sustanciosa. Entre los firmantes, de estirpe nacionalista, falta Jordi Pujol.

Se atribuye esta reacción de la Generalitat al discurso del Rey afirmando la entereza del Estado cuando se proclamó ilegalmente la república catalana y se procedió a un referéndum fuera de la ley. ¿Habrá considerado alguna vez el independentismo que no pocos ciudadanos de Cataluña se sintieron más seguros después del discurso del Rey? Desde la inconstitucionalidad, ahora procede negar la existencia en Cataluña de un reconocimiento tangible a la monarquía. Tampoco parece existir la importancia modernizadora de los premios a la excelencia de la Fundació Princesa de Girona. Este año, el Ayuntamiento de Girona, por razones injustificables, ha negado la utilización del auditorio de la ciudad para el acto anual de los premios. Al trasladarse la programación del acto al Mas Marroch del Celler de Can Roca, la CUP ha denigrado agresivamente a la familia de chefs cuya trayectoria internacional prestigia Girona mucho más que sus recientes alcaldes.

Se trata de un caso paradigmático de victimismo y es sabido que el victimismo nunca da explicaciones sino que las pide a sus enemigos imaginarios. De hecho, mucho antes de la ley de transitoriedad y de la consulta ilegal, llegado de rebote a la alcaldía de Girona, Puigdemont ya propuso que la Fundació Princesa de Girona --constituida por la sociedad civil de Girona-- cambiase de nombre, sin tener en cuenta la naturaleza privada de la fundación, sugerida por el empeño del entonces Príncipe de Asturias en tener presente su condición de príncipe de Girona. Desde entonces, los escraches a la monarquía han sido incalificables, sin olvidar la manipulación de la presencia del Jefe del Estado en la manifestación tras el atentado de Las Ramblas.

Si nos retrotraemos a su intervención televisiva del pasado 3 de octubre, Felipe VI no justificó la violencia policial en la seudo-consulta de día 1, sino el imperio de la ley y la integridad del Estado frente a la secesión. Lo grotesco es que tantas figuras del independentismo ahora reconozcan que el voto fue un farol sin que nadie les pida responsabilidades por la agitación de aquel día. Entonces la concatenación de fake news sobre los heridos de la jornada fue un éxito. Luego no hubo ninguna rectificación. Ahora, al reconocerse que la convocatoria a las urnas era una tosca postverdad, todavía resulta que la culpa es del Rey, de la monarquía, de la Constitución y de la debida defensa del Estado de derecho. ¿Se siente Torra representante también de los cientos de miles que no fueron a votar? No parece. Por el contrario, rompe torpemente con la formalidad imprescindible para que un sistema democrático se sostenga, como se sostiene con ejemplaridad en las monarquías europeas, de Holanda a Gran Bretaña o, por ejemplo, España.