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¡A cada cerdo le llega su San Martín!

Carlos Díaz Güell
5 min

Los primeros fueron el último presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y su director general, Moltó y Ortega, respectivamente, los que fueron condenados a dos años de prisión y a dos de inhabilitación para ejercer cargos en el sector financiero, por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad, y a una multa de 30.000 euros y al pago de las costas. El juez dijo que no hubo enriquecimiento personal. Pues si lo dijo el juez, punto en boca. No en vano habían pasado siete años desde que la caja manchega cayera y las sentencias se acatan. No hubo prisión para los condenados.

El 16 de enero de este año, cinco ex altos directivos de Novacaixagalicia --Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada, Fernández Gayoso y Pradas-- ingresaban en prisión pese a tener una pena también de dos años por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Aunque, para que enfilaran el camino del penal, el Supremo se tuvo que poner serio y dar una colleja a sus juzgadores previos, subrayando que los delincuentes condenados no habían "devuelto el dinero que se fijó en la sentencia [10,4 millones de euros] y que tienen todavía causas pendientes con la Justicia". La decisión del alto tribunal es lo que explica el reciente endurecimiento judicial a la hora de esclarecer los comportamientos delictivos de los exbanqueros investigados en las múltiples causas que aún continúan abiertas.

Los tribunales están juzgando a individuos que llevaron a las cajas de ahorro al abismo y que no conformes con ello se quisieron llevar calentito unas suculentas indemnizaciones

Tuvieron ocasión de probarlo hace un par de semanas los ex directivos de la desaparecida Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), cuando el tribunal que les juzgó asumía que la posición del Supremo no era un brindis al sol y condenaba a cuatro años de cárcel al exdirector general García Montes, al exdirectivo Alfaro y a un socio de ambos, Marrero, por un delito de apropiación indebida agravada. Los tres a chirona y condenados a pagar más de siete millones de euros, y además la esposa del segundo era también condenada como partícipe a título lucrativo y deberá abonar de forma solidaria con su marido 110.735 euros. Para satisfacción de los condenados, éstos eran absueltos de los delitos de administración desleal y estafa continuada.

Entre medias, se han salvado de estar entre rejas los exdirectivos de Caixa Penedès a pesar de tener la misma pena: dos años de prisión de condena dictada por la Audiencia Nacional por haberse embolsado más de 28 millones de euros en pensiones irregulares. Como sea que la condena fuera de conformidad, ya que los acusados se declararon culpables y reintegraron el dinero, no ingresaron en prisión.

Ahora, con la nueva vara de medir impuesta por el Supremo, se nos avecina otro juicio de campanillas en el que serán juzgados seis antiguos directivos de Caja Segovia que se embolsaron 17 millones de euros y cometieron todo tipo de excesos mientras estuvieron manejando la caja segoviana. Para llegar a este punto, se ha tenido que reabrir el procedimiento por exigencia de la Audiencia Provincial, ya que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, con el apoyo de la Fiscalía, había acordado el sobreseimiento libre de la causa el pasado verano. ¡No se está juzgando a cualquiera!

A partir de aquí, una lista de casos que supuestamente deberán pasar por los tribunales que deberán juzgar a individuos que llevaron a las cajas de ahorro al abismo y que no conformes con ello se quisieron llevar calentito unas suculentas indemnizaciones que les hicieran menos duro el amargo trago de haber vaciado el balance de las entidades cajeras.

Lo dicho: ¡A cada cerdo le llega su San Martín!

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¿Quién es... Carlos Díaz Güell?
Carlos Díaz Güell

Empezó en el periodismo escribiendo de economía cuando nació 'El País' y hoy sigue haciendo lo mismo. Entre las dos fechas, ha tocado todos los palillos de la comunicación: ha dirigido periódicos económicos, facultades de periodismo y se ha responsabilizado de la comunicación en la Administración Pública o empresas y entidades como Iberia o el Banco de España.