La cortesía política recomienda conceder a todo gobierno, u organismo electo, el disfrute de cien días de gracia desde el momento de su toma de posesión. Supongo que el Consell de l'Audiovisual de Cataluña (CAC) los tendrá. En los Estados Unidos esos cien días se conciben como el espacio de tiempo necesario para marcar los grandes ejes de intervención de los gobiernos. En cambio, en España, parece que hemos interiorizado que se trata de una tregua previa a la batalla. Sea como fuere, y sin querer romper este tradicional paréntesis de cortesía, opino que las medidas del CAC respecto al programa Bricoheroes han sido blandas e insuficientes.

El CAC estrena un nuevo equipo directivo consensuado, pactado y votado por los principales partidos políticos del Parlament. Echa a andar a pesar de las quejas de los sectores profesionales que se han mostrado descontentos con su génesis. Quizás por esas, y otras circunstancias, se espera el inicio de una nueva etapa capaz de hacernos olvidar la gestión del presidente saliente. La labor de Roger Loppacher estuvo dedicada a satisfacer los caprichos del Govern, en detrimento del servicio público que en teoría debía prestar. Su sucesor, Xevi Xirgo, y el resto de la dirección del ente, tienen la obligación moral de hacernos olvidar el pasado servil de un CAC secuestrado por el Govern. Muchas son las tareas pendientes y muchas serán las presiones. A nadie se le escapa que, junto a la gestión de lo políticamente correcto, se hallan los intereses de algunos grupos económicos y mediáticos. En el ámbito competencial que le corresponde, urge actuar con rigor, solvencia y mucha pedagogía.

A lo largo de los últimos años el CAC ha tramitado miles de quejas y solicitudes de amparo. Muchas fueron desatendidas o ninguneadas, a pesar de contar con los votos particulares de algunos consejeros conscientes de su función. Las alegaciones de los partidos de la oposición, y de algunas entidades ciudadanas, tenían la mirada puesta en la objetividad y el pluralismo, cierto, pero también en los contenidos y el decoro mínimo exigible a los medios de comunicación. Bajo la lupa han estado programas de entretenimiento, la publicidad y los informativos pero --¡oh, casualidad!-- los correctivos aplicados por el CAC han sido escasos. En más de una ocasión se ha ofendido a personas, instituciones y colectivos. Roger Loppacher bloqueaba de oficio cualquier resolución reparadora o crítica con el Govern. ¿Ejemplos? Recientemente, desde un supuesto programa de humor, se trazó un desgraciado paralelismo entre el pueblo gitano y el latrocinio. ¿Consecuencias? La comunidad gitana está estudiando las pertinentes acciones legales contra TV3.

Se espera que el CAC y la dirección de CCMA se muestren menos indulgentes ante este tipo de despropósitos. El director de TV3, Vicent Sanchis, sin ir más lejos, ha osado con cinismo justificar lo injustificable en sede parlamentaria. Las cosas no pueden seguir así. Una de las funciones que el CAC tiene asignadas es la de defender a los ciudadanos ante las agresiones o transgresiones de los medios de comunicación. Los medios no tienen la obligación de ser edificantes pero han de evitar la toxicidad de sus bufones. La violencia verbal contamina e influye negativamente en el comportamiento de las personas. Cuando la crítica, o la sátira, se convierten en insultos o faltas al respeto algo va mal. La defensa de la libertad de expresión no debería desvincularse nunca de los valores cívicos que garantizan la convivencia entre las personas. El CAC, la CCMA y todos nosotros, estamos a prueba.