El primer debate de política general con Pere Aragonès como presidente de la Generalitat transcurrió como los anteriores. Los mismos temas se repiten sin descanso en la política catalana: que si la amnistía, que si el referéndum, que si el mandato del 1-O, que si la “represión” y las maldades del Estado español, etcétera, todo forma parte del mismo bucle que se enreda cada vez más.

La previa del debate de este año fue de traca: resulta que el inicio coincidía con el aniversario de la inhabilitación de Quim Torra como president por un delito de desobediencia y por este motivo la presidenta del Parlament, Laura Borràs, se encargó de organizar un solemne homenaje al predecesor de Aragonès, al que calificó de “ejemplo que dignifica la política”. Ovacionado a su llegada a la cámara por los diputados de Junts per Catalunya y otros independentistas, tomó después la palabra en presencia del actual president, que había llegado posteriormente.

Como si se tratara de coser y cantar, Torra pidió a los tres grupos independentistas --Junts, ERC y la CUP-- que sean capaces de “plantear a la ciudadanía un programa, un plan, un horizonte concreto y determinado sobre cómo conseguir la independencia”, además de solidarizarse con los CDR acusados de terrorismo, acusar al Estado de “demofóbico y represivo” y achacar la breve detención en Cerdeña de Carles Puigdemont “al uso de las cloacas del Estado”.

En el debate propiamente dicho, las únicas novedades fueron el enfrentamiento entre ERC y la CUP, y esa singularidad de la política catalana que consiste en que los miembros o aliados del Govern --Junts y los cupaires, por este orden-- hacen más oposición si cabe que el principal partido de la oposición, en este caso el Partit dels Socialistes.

El rifirrafe con la CUP vino a cuento de que los anticapitalistas reclamaron por sorpresa --Aragonès dijo que se enteró por los medios de comunicación-- la celebración en esta misma legislatura, antes del año 2025, de un referéndum de autodeterminación unilateral. El representante de la CUP, Carles Riera, exigió incluso a Aragonès que pusiera ya una fecha concreta. El president le respondió que ese planteamiento no figura en los pactos de investidura suscritos con la CUP, que no hablan de horizonte temporal para la presunta consulta y fijan dos años para una moción de confianza en la que se examinarán los resultados de la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

“No hay atajos ni fórmulas mágicas” para la independencia, recordó el president a la CUP y a Junts y les instó a subirse al “tren del diálogo” aparcando los tacticismos. Aragonès mantuvo su clara apuesta por el diálogo, sin dejar de hacer concesiones a Junts al reconocer el escepticismo con que se afrontan las negociaciones y al hablar en varias ocasiones de la “represión” del Estado, concepto en el que se mezclan decisiones del Gobierno y actuaciones de la justicia sin distinguir la separación de poderes. Toda actuación judicial, tenga o no motivos para ejercerse, es tachada de “represión”.

El socio del Govern, Junts, además de cargar contra el “Estado español”, censuró a Aragonès la falta de “cultura de coalición” en las relaciones ERC y JxCat, y le recordó que es un Govern de coalición, no de “subordinación”. Aunque el portavoz de Junts, Albert Batet, rebajó el tono de enfrentamientos anteriores, sobre todo si se tiene en cuenta que hace pocos días Junts había boicoteado la mesa de diálogo, amenazó veladamente con apoyar iniciativas “que nos alejen de la dependencia del Estado y nos acerquen a la independencia”, como plantea la CUP.

El alejamiento entre ERC y la CUP tiene importancia de cara a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2022 para lo que los anticapitalistas son el socio preferente de los republicanos y sus nueve votos son imprescindibles para sacar adelante las cuentas. Las discrepancias alcanzan al estado de las negociaciones, en las que, según la CUP, no hay avances y están lejos de dar un sí a los presupuestos que prepara el departamento de Economía, que debe registrarlos en el Parlament antes del 10 de octubre para aprobarlos a fin de año.

En este clima entre los socios de gobierno y el aliado preferente --la CUP--, la intervención de Salvador Illa por el PSC pasó a segundo plano y el dirigente socialista desaprovechó la oportunidad de ser más incisivo contra el Govern. Illa volvió a ofrecer a Aragonès su colaboración para aprobar los presupuestos, sin que el president levante el veto que ha impuesto a los socialistas, en flagrante contradicción con lo que ocurre en Madrid.