La batalla perdida de Puigdemont

José Antonio Sorolla
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Todas las victorias que, según los líderes independentistas y sus abogados, obtienen cuando acuden a la justicia europea acaban de sufrir un duro contratiempo. Nunca ha sido verdad que hayan ganado todos los procesos en Europa, pero la decisión de ayer del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la confirmación de que el optimismo y la propaganda independentista en este asunto no estaban justificados.

El abogado general (una especie de fiscal) del TJUE, Jean Richard de la Tour, considera en su dictamen sobre el caso de Lluís Puig (extrapolable a los otros reclamados por España, desde Carles Puigdemont a Toni Comín y Clara Ponsatí) que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir una orden europea de detención (ODE) y tampoco puede denegar la entrega de los huidos del procés por posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra previamente la existencia de “deficiencias sistémicas” en la justicia española.

El dictamen es la respuesta a las preguntas planteadas en una cuestión prejudicial por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, a quien da la razón en lo sustancial de las dudas planteadas. Las chanzas que Llarena ha tenido que soportar durante meses y meses procedentes de los medios independentistas quedan, pues, desautorizadas. La opinión del abogado general no es vinculante ante el tribunal, pero suele coincidir con las sentencias del TJUE, que tomará una decisión definitiva a final de año.

De momento, quien recibe un rapapolvo es la justicia belga por entrometerse en cuestiones que no puede decidir y por poner en entredicho durante todo este proceso que España vaya a respetar los derechos fundamentales de los reclamados, eso que Puigdemont llama siempre que se refiere a España y su justicia “una democracia podrida”.

En el caso de la competencia del Supremo para juzgar a los políticos del procés, ratificada por el propio Supremo y por el Tribunal Constitucional, el abogado general sostiene que ningún país puede controlar si el juez que emite una euroorden es competente para juzgar ese caso: “Autorizar tal control contravendría el principio de autonomía procesal, conforme al cual los estados miembros pueden designar en su derecho nacional a la autoridad judicial competente para dictar la ODE, y el principio de reconocimiento mutuo, piedra angular de la cooperación judicial en materia penal en virtud del cual la ejecución de la ODE constituye la regla, mientras que la denegación de la ejecución se concibe como una excepción que debe ser objeto de interpretación estricta”.

En otras palabras, le dice a la justicia belga: quiénes son ustedes para dirimir si un tribunal español es competente o no para juzgar un caso. El Tribunal de Apelación belga compró la tesis de la defensa de que debían ser los tribunales de Cataluña los encargados.

Sobre la segunda cuestión, si España respetaría los derechos fundamentales de los encausados, como la presunción de inocencia, el abogado general afirma que solo se puede denegar la euroorden cuando se disponga de datos que permitan demostrar, “mediante una apreciación global basada en datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados”, la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo ante un juez determinado previamente por la ley, y para ello la justicia belga debería demostrar “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial” español.

Si no existen esas deficiencias, una “comprobación en profundidad” de las supuestas vulneraciones de derechos “no sería sino la expresión de una desconfianza hacia los tribunales de ese estado miembro, contraria a los principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre estados miembros establecido por la decisión marco” de la euroorden. Para que se respeten sus derechos, los reclamados tienen en España un sistema de recursos que alcanza hasta el Tribunal Constitucional, recuerda el abogado general, quien también estima que se puede presentar una segunda euroorden si la primera ha sido rechazada “contraviniendo el derecho de la UE”.

Aunque posiblemente ahora el inefable abogado Gonzalo Boye saldrá a decir que la cosa no es tan grave, lo cierto es que la campaña mediática para intentar convencer al independentismo de un inminente regreso de Puigdemont se desvanece.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.