¡Basta ya de tanta insolencia!

Isabel Fernández Alonso
7 min

El callejón sin salida al que el gran trabajo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) --entre las entidades que integran Escuela de Todos-- ha conducido al nacionalismo lingüístico está generando un alud de reacciones que permiten percibir aún con mayor nitidez su carácter profundamente agresivo e intolerante.

Dejando al margen las temerarias actuaciones de un consejero de Educación que parece querer amedrentar a cualquier servidor público con sentido institucional, hemos podido observar recientemente, en el espacio de tres días, comportamientos relativos a la lengua realmente insolentes que, además, han tenido lugar en ámbitos donde el respeto a la discrepancia debería ser sagrado. Son los casos del Parlament, los medios de comunicación públicos y la mismísima universidad.

En el Parlament hemos visto cómo, el 2 de junio, Joaquim Jubert, diputado de Junts per Catalunya, solicitaba “cordialmente” al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, que la próxima vez que comparezca ante la Comisión de Justicia haga el esfuerzo de intervenir en catalán, no solamente los primeros minutos, para así actuar en coherencia con su defensa del bilingüismo. ¡Ese rasgo tan propio del nacionalismo de invadir la esfera de las libertades individuales y ese absurdo de pretender que haya que ser perfectamente bilingüe para defender el derecho del otro a expresarse como prefiera!

Al día siguiente, en El Matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel realizó una entrevista infame a Lorena Roldán, diputada del Partido Popular de Cataluña, presionándola insistentemente, en especial en torno a la afirmación de Feijoo sobre el “aparheid lingüístico”. Rosel le llegó a decir, en un tono muy prepotente, que el número de familias que han llevado el sistema lingüístico de las escuelas catalanas a los tribunales no alcanza el 1%. ¡Cómo si los derechos solo empezasen a operar cuando la mayoría de los afectados recurren a los tribunales!

Por las mismas fechas, el día 1, el claustro de la Universitat Pompeu Fabra aprobaba una moción que plantea “hacer uso exclusivo del catalán en las comunicaciones internas y publicaciones en redes sociales institucionales de la Universidad”. Y, a la vez, el mismo órgano aprobaba también una declaración en la que, entre otras lindezas, se afirma “que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ilegaliza de facto la inmersión (…) es una intromisión del poder judicial inaceptable en democracia porque suplanta tanto al poder legislativo (que aprueba las leyes educativas) como al ejecutivo (que las implementa)”. En otras palabras, el claustro de una universidad que se dice de prestigio y donde se imparten estudios de derecho, al hilo de la sentencia del 25%, se manifiesta abiertamente a favor de que la Administración no esté sujeta a control judicial y apuesta por que se cancelen los comunicados en la lengua mayoritaria de los catalanes, a la vez una de las más habladas del mundo.

En este contexto, no es de extrañar que, paralelamente a estos despropósitos, la Secretaría de Política Lingüística haya rechazado el documento Lenguas y convivencia en Cataluña que Impulso Ciudadano había presentado en el marco del proceso participativo abierto por el Gobierno de Cataluña en torno al denominado Pacto Nacional por la Lengua. El motivo, que su contenido “no se ajusta a los objetivos con que ha sido formulado públicamente el proceso participativo”. Todo un ejemplo de voluntad de diálogo y apuesta por la cohesión social.

Es realmente insolente que nos digan una y otra vez que solo hay una lengua propia de Cataluña, como si la mayoritaria fuera impropia; que los entrevistadores de nuestros medios públicos emprendan una batalla campal contra cualquier invitado que cuestione la sacrosanta inmersión; que las universidades actúen como correas de transmisión del discurso nacionalista, incluido el relativo a la lengua; y que, para colmo, si se elabora un documento serio y respetuoso, pero discrepante con el nacionalismo lingüístico, te digan que no tiene cabida en un proceso público participativo porque este ha sido abierto pensando únicamente en los adeptos al régimen.

Pues bien, a toda esta desvergüenza no se responde pidiendo disculpas. Se responde poniendo pie en pared. En la esfera pública y en nuestro día a día. Hablamos en la lengua que nos da la gana, como acertadamente le espetó Carlos Carrizosa a la bancada nacionalista cuando trataba de asediar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Parlament. Y además de hablar en la lengua que nos da la gana, vamos a seguir reivindicando nuestros derechos las veces que haga falta y en cuantos foros consideremos conveniente. Sin miedo y sin complejos. Con la autoridad moral de quien reivindica algo tan elemental como la igualdad de trato.

Por mi parte, he respondido a una carta de mi rectorado en la que me pedían que acreditase el nivel C de catalán. He respondido preguntando “cordialmente” cuál es el fundamento jurídico para pedir a un funcionario del Estado que acredite ahora --cuando siempre ha desarrollado con total normalidad su labor-- méritos que no se le requirieron al acceder a su plaza hace más de diez años. También he preguntado por las consecuencias de no hacerlo. Aún espero respuesta.

No hay más alternativa que decir basta a tanta insolencia. Si lo hacemos muchos, empezarán a respetarnos.

Artículos anteriores
¿Quién es... Isabel Fernández Alonso?
Isabel Fernández Alonso

Profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.