El Gobierno, no sé hasta que punto condicionado por el PSOE en su aplicación tardía y suave del artículo 155 de la Constitución, olvidó cumplir un viejo dicho que afirma que es mejor ponerse una vez colorado que ciento amarillo. A la espera de que se resuelva el culebrón Puigdemont, aunque la resolución del TC le pone las cosas muy difíciles a la Mesa del Parlament para aceptar su candidatura, se puede afirmar que el balance de la aplicación del artículo 155 está lleno de claroscuros.

Sin duda, la aplicación del 155 ha servido para frenar las denominadas estructuras de Estado, por otra parte más verdes de lo que alardeaba el secesionismo, acabar con la acción exterior de la Generalitat, cortar la financiación de determinadas entidades y suministrar pruebas del intento de golpe de Estado a los tribunales. También para mostrar que el Estado no está indefenso, como pretendían hacer creer los independentistas para crear la sensación de que la independencia era inevitable y convencer así a los tibios de apuntarse a la opción ganadora.

Sin embargo, no ha evitado la mayoría absoluta de los partidos independentistas y ha dejado intactos dos de los tres motores del secesionismo. El primero, la escuela, tanto en el contenido de determinadas materias como en la aplicación de las sentencias del TS respecto a la presencia del castellano. No se ha hecho nada. El segundo, los medios públicos de comunicación, que continúan siendo los principales activistas del procés. Tampoco se ha actuado, como es evidente cada día al sintonizarlos. El tercero --aunque aquí se ha actuado para frenar la financiación de alguna entidad--, el monopolio secesionista en el mundo asociativo, basado en el clientelismo de las subvenciones, y en la penetración de las mismas por militantes secesionistas.

Este balance ambivalente ha conducido a Cataluña a una situación muy peligrosa. Nadie parece tener fuerza para imponerse a corto plazo. El resultado de las elecciones no refuerza al independentismo en sus pretensiones de secesión unilateral. Pero sí le otorga legitimidad para gobernar Cataluña con el riesgo evidente de que de facto continúe con su labor de zapa a la espera de tiempos mejores.

El artículo 155 ha dejado intactos y en manos del independentismo la escuela, los medios públicos de comunicación y el mundo asociativo

El mundo independentista está dividido. Para Puigdemont y sus partidarios, además de la CUP, debe continuar la confrontación total con el Estado y, al menos formalmente, actuar como si aquí no hubiera pasado nada.

Otras voces, de ERC pero también del PDeCAT, son partidarias de bajar la tensión, evitar el riesgo de continuidad del 155, y aparcar las actuaciones más evidentemente secesionistas, por ejemplo la internacionalización del conflicto, para salvar la permanencia en el poder que garantiza decenas de miles de puestos de trabajo a sus militantes, poder e influencia en el mundo económico y, sobre todo, mantener intocable su control de la escuela, los medios de comunicación públicos y el mundo asociativo.

Si se da el primer escenario, cada vez menos probable, la actuación del Estado debe ser, esta vez sí, firme y sin concesiones. Tocaría ponerse colorado. Si se da el segundo, entraremos en una fase de relativa normalización de la vida política catalana. En este caso, habrá que pedir al Govern que cumpla con las leyes y las sentencias de los tribunales y, si no lo hace, exigir al Gobierno que las haga cumplir. En cualquier caso, habrá que hacer política y no de regate corto. Los partidos y, en general, todos los catalanes no independentistas, han de mantener una estrategia a largo plazo para conseguir romper el control secesionista de la escuela, estar presentes en el tejido asociativo --desde ampas a colegios profesionales, pasando por todo tipo de asociaciones y clubes-- y penetrar en el universo de la información en catalán para contrarrestar el monopolio del mensaje secesionista entre quienes sólo se informan en esa lengua.

Y, por último, pero no menos importante, habrá que pedir que se actúe con diligencia y determinación para detener los actos de incipiente kale borroka  como el sufrido por Crónica Global.