La autodestrucción del procés no estaba predeterminada por el fatalismo, pero sí por un conjunto de propensiones, resistencias y reacciones que gradualmente podían menguar su empuje y sus apoyos. La propuesta por parte de la ANC de un boicot al Íbex retrotrae al primitivismo de la economía de trueque previa a la expansión del libre mercado y del mercado único. ¿A quién se le ocurre pedirle al consumidor que haga país? ¿Dejar de comprar por Amazon, no ir a supermercados que no sean secesionistas, abandonar el whisky y pasarse a la ratafía? Y, sobre todo, ¿a quién se le ocurre que ese llamamiento numantino pueda tener un impacto significativo? En la ANC lo llaman “consumo estratégico” y, a pesar del precedente de su peregrino acceso a la Cámara de Comercio, parece más un síntoma agónico que una manifestación de fuerza. Como siempre, todavía urge más analizar hasta qué punto el alumbramiento y autodestrucción del procés han dañado los intereses sociales, económicos e institucionales de Cataluña. Se suma a las urgencias la posibilidad de una anticipación de las elecciones autonómicas para diciembre o febrero.

No es indiferente a que en estos momentos el independentismo en sus distintas corrientes, incluyendo el soberanismo no unilateralista que intenta reagrupar sus contingentes, haya entrado en una guerra interna equiparable al suicidio. Con Puigdemont en Waterloo, Junqueras en la cárcel, Torra entrometiéndose tan torpemente en la vida política de Santa Coloma de Farners y con Artur Mas aspirando a reconquistar un liderato que en realidad nunca tuvo, el caos tiene todas las de ganar.

Colateralmente, la propuesta de la ANC se contrapone de modo grotesco a lo que es el tejido fundamental de la Unión Europea y la globalización. Es un ultraproteccionismo que no se concibe como defensa de los intereses de Cataluña sino como un repliegue del separatismo en el búnker de sus desvaríos.

Por otra parte, ese llamamiento atenta directamente contra la libertad de elección del consumidor si se le convoca a solo comprar productos de empresas catalanas afines a una imposible república catalana independiente. Esas empresas constarían en un registro como guía para consumidores que quieran autolimitarse drásticamente. Con la caída, por ejemplo, del 12% de la producción de cava para el mercado español, no hace falta argumentar mucho. Una vez más, constatamos como la política de baja estofa acaba perjudicando a los ciudadanos. Por supuesto, a Quim Torra todo eso le parece bien. Para quienes seguimos siendo partidarios del Estado de las autonomías lo que se echa en falta es que, para estos casos extremos, no haya previsto un procedimiento de impeachement al ocupante de la Generalitat.