Conocida es la expresión de que “Dios escribe recto en los reglones torcidos”, sin que sepa ahora mismo si procede de Santa Teresa de Jesús o de Santo Tomas de Aquino. A efectos, da lo mismo: se trata de un reconocimiento de la limitación de nuestras mentes para entender ciertas cosas que, aunque creamos que están mal hechas, resulta que están bien porque las hizo el Creador de todo. Nuestra inteligencia es limitada y no puede alcanzar a comprender cuanto hay u ocurre alrededor. Podríamos decir que algo de esto pasa con esa especie de oxímoron que supone que el derecho sea sinuoso y el lenguaje de algunas resoluciones judiciales sea esotérico en ocasiones. Su razonamiento, la capacidad para entender sus interpretaciones de la ley, resulta un esfuerzo ímprobo salvo que se tenga alma de leguleyo.

Al margen de la chapa que nos están dando con las elecciones USA de mitad de mandato, llevamos días a vueltas con la reforma del Código Penal para sustituir el delito de sedición por esa indescriptible construcción semántica, tan del gusto del Gobierno, de “desórdenes públicos agravados”. Admitido que estamos ante un adiós a la Señora Doña Sedición, que tire la primera piedra quien tenga claro si es una abolición, una derogación, una amnistía camuflada, una simple modificación o que diantres es.

Pese a los esfuerzos de “desjudicialización” de cuanto concierne al “conflicto catalán”, todo apunta a que la última palabra la tendrán nuevamente los jueces: algunos ya han advertido que “la reforma amenaza con dar impunidad absoluta al procés” y una completa despenalización de la actuación de sus líderes. Lo evidente es que, dado el carácter profano en la materia de la inmensa mayoría de los ciudadanos, cada cual pueda sacar su conclusión asentada en razones ideológicas o políticas más que jurídicas.

El Tribunal Supremo ya se opuso a los indultos señalando que su sentencia no tenía un carácter excesivo en comparación con los principales países de nuestro entorno. Pero el discurso oficial se asienta ahora en la idea de que se trata de adecuar la reforma a estos países de la UE. Algunas fuentes jurídicas creen que la propuesta es técnicamente un simple bodrio, otras que puede desaparecer de la condena el delito de malversación en que se fundamenta la inhabilitación, al no ser sancionable el uso de fondos públicos para hechos que ya no son ilícitos. Ahora bien, otros sostienen que si esos desordenes agravados se hacen con recursos públicos hay un concurso de delitos entre los que estaría la malversación. De alguna forma, son cuestiones que se retroalimentan. La confusión está pues servida y la incertidumbre sigue imperando, aunque dado el desmadre general que nos rodea, todo esto no pasa de ser una seta más en el bosque jurídico.

Tampoco falta quien vea en esta reforma una especie de amnistía encubierta. Cosa que, pese a su entusiasmo, no impidió al president Aragonès García insistir en la necesidad de la amnistía y el referéndum. La cuestión fundamental es saber cuándo volverán esos que engañosa y frívolamente se ha calificado de “exiliados”, en particular Carles Puigdemont que parece haberle cogido un especial gusto a Waterloo; pero también, y quizá sobre todo, dejar abierto un resquicio que permita a Oriol Junqueras presentarse a las elecciones autonómicas catalanas y hacer realidad su sueño de ser Presidente de la Generalitat, desplazando a su pupilo de Pineda de Mar.

Lo evidente es que el suflé independentista parece haber bajado, aunque siga activo un caldo de cultivo que puede hervir en cualquier otro momento: las pocas señeras que quedan en escasos balcones están ajadas y ya es raro ver el lacito amarillo en la solapa del personal. El conflicto en el seno del independentismo, acelerado con la salida de Junts del Govern, sigue estando muy presente. Desde la zona crítica que representa esta formación ha habido reacciones de tono especialmente agrio: un paso más en la criminalización de la disidencia, simple cambio de nombre, ausencia de beneficio político, el remedio de desórdenes públicos agravados puede ser peor que la enfermedad de la sedición… Y la Asamblea Nacional Catalana ya se ha lanzado a convocar una marcha contra el proyecto de reforma.

Es de suponer que La Moncloa tiene sus encuestas para evaluar el impacto que esta medida puede tener en el electorado del PSOE. Aunque Salvador Illa ya enfatizó que “nada de amnistía, se va en la dirección correcta”. ¡Ojala esté en lo cierto! La prueba de fuego será en mayo, con los comicios municipales y autonómicos. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, fue bastante explícito al respecto: se antepondrá la convivencia al interés de las siglas “aunque nos cueste votos”.

Aún queda tiempo para acudir a las urnas, por el camino conoceremos la interpretación que hagan los jueces y todavía no sabemos ni quienes serán todos los candidatos de Barcelona o quién el del PSOE por Madrid. Todo será que, al ritmo que van las cosas, se apruebe casi de forma simultánea la reforma del Código Penal y los Presupuestos Generales del Estado con la concurrencia de PSOE y ERC. Y todos contentos: el Presidente del Gobierno y el de la Generalitat tendrán bendecidas sus cuentas: “hoy por ti mañana por mí”, “favor con favor se paga” o “do ut des” que acuñaron los romanos.