El presidente de la Generalitat, al forzar la salida de Junts de su Gobierno, se situó en una encrucijada de caminos, todos ellos peligrosos para ERC. Superado el subidón de la bofetada institucional propinada a sus grandes rivales y amortizada la pasajera ilusión de la elección de los nuevos consejeros solo le queda entre manos un Ejecutivo en la más absoluta minoría. De momento, Pere Aragonès, por boca de su portavoz, ya ha tenido que admitir que la agenda legislativa de su Gobierno deberá revisarse a la baja y no puede tardar mucho en anunciar la prórroga de los presupuestos, salvo que en Junts se vuelvan locos y den aire a sus adversarios o que ERC acepte la oferta del PSC, con todo lo que este paso conllevaría para los republicanos.

Coloquialmente, es un marrón para el país, pero este marrón colectivo le permite a Aragonès seguir ostentando la presidencia de la Generalitat. Algo es algo, debe pensar. Renunciar a unas 200 iniciativas legislativas por culpa del Tribunal Constitucional, pongamos por caso, sería un ataque sin precedentes a Cataluña; sin embargo, siendo esta renuncia el efecto automático de la crisis entre ERC y Junts es presentada como una nimiedad. Perder 3.000 millones del presupuesto por una intervención del Gobierno central, por ejemplo, sería tanto como un 155 financiero que debería ser trasladado a la justicia europea de inmediato; siendo culpa de las desavenencias entre partidos independentistas la cosa ya no es para tanto, lo relevante es que el sucesor de Companys pueda seguir en el Palau de la Generalitat.

¿Puede revertir Aragonés esta gigantesca y grotesca trampa en la que cayó? Por supuesto, solamente tiene que abrir los ojos a la realidad. Lo más natural es aceptar que con 33 diputados no se puede gobernar y el avance electoral constituye la salida más ortodoxa. Pero resulta que la situación económica y social apremia y emprender ahora una campaña electoral sería criticado (con razón) como una gran irresponsabilidad. En esto parece existir un amplio acuerdo. ¿Pero cómo puede ERC agotar la legislatura sin convertir los muchos meses que quedan en un vía crucis para él y en una monumental pérdida de tiempo para todos, agravando los efectos de la crisis energética, económica e institucional?

Las dos alternativas son evidentes: puede restablecer la confianza con Junts o atreverse a saltar el muro y aceptar la colaboración del PSC. Ninguna de las dos opciones está exenta de riesgos. Volver a las andadas con Junts, al menos para aprobar el presupuesto pensado por el exconseller Giró, es una obviedad que incluso Oriol Junqueras detectó. El secretario general de Junts pinchó el globo al minuto. Estos presupuestos, vino a decir Jordi Turull, eran de Giró, no de Junts. Y aun salvando este obstáculo perfectamente previsible, ERC no tendría suficientes votos para aprobarlos, necesitando los de En Comú Podem o los de la CUP. Los antisistema ya les plantaron el año pasado y los comunes, por muy dispuestos que estén al intercambio de cromos, están plenamente comprometidos con la suma de las izquierdas en el Parlament.

La suma de las izquierdas es actualmente un anatema político para ERC y el resto del independentismo. El PSC la contempla y le sería difícil no entrar a negociar con los republicanos si estos se lo propusieran seriamente. Los socialistas, a pesar de tener experiencia suficiente para temer la peculiar y caótica forma de entender la política de los republicanos, lo justificarían por la estabilidad del país, aunque, naturalmente, preferirían intentar una nueva colaboración con ERC con las cartas cambiadas, como sugieren los últimos sondeos.

De todas maneras, el desdén de ERC hacia el PSC, que seguramente forzará la prórroga presupuestaria, no debería ser motivo de una moción de censura por parte de Salvador Illa. Fuera de Ciudadanos, todo el mundo entiende que esta moción es el único argumento práctico que podría reunificar los intereses de todos los grupos independentistas que, aparcando por unas horas sus desavenencias, sumarían sus votos contra Illa y luego volverían a la gresca. Otra cosa es hacerle ver a Aragonès su soledad parlamentaria con casos prácticos como una eventual reprobación por las interferencias políticas en los Mossos. A la oposición no le conviene hacer caer al presidente de la Generalitat, es Aragonès a quien le corresponde tirar la toalla por su gran error estratégico o romper tabús para repararlo.