Por una vez, vale la pena seguir la recomendación del Consell per la República Catalana --o sea, de Puigdemont-- del pasado Sant Jordi, pero que es intemporal, y que se trata de leer (o releer) la “Declaración de Independencia” de Cataluña del 27 de octubre de 2017.

Tiene sentido hacerles caso, al menos por un par de razones. Una, política, porque el presidente de la Generalitat Pere Aragonès ha presentado en la investidura como objetivo de su mandato “culminar la independencia de Cataluña”. Recordemos que “culminar” --nuevo eslogan mágico-- significa “terminar, acabar satisfactoriamente algo”

Otra, ideológica, porque en el texto de la declaración se encuentran buena parte de los fundamentos e intenciones de la pretensión, que por no haber sido refutados a tiempo y con suficiente firmeza siguen movilizando multitudes en la calle y en las urnas.

Y, a mayor abundamiento, porque la ANC, como brazo civil del secesionismo, y grupos radicales --de salón, como Demòcrates de Catalunya de Antoni Castellà, o de verdad. como los CDR y Arran-- insisten en que esa declaración se haga efectiva. Además, porque de repetirse el intento de secesión, una nueva declaración de independencia contendría los mismos elementos que figuran en el texto del 27 de octubre, o muy parecidos.

Los secesionistas tenían tan poca confianza en la independencia que iban a declarar que el acto formal de declaración fue intencionadamente confuso, envuelto en una cortina de humo: voto secreto de los parlamentarios, separación de lo declarativo y lo dispositivo, asunción en lugar de aprobación, etcétera, a fin de esquivar a los tribunales. No les sirvió. Los dirigentes responsables fueron procesados y condenados por un delito de sedición.

Para ver cómo las gastan los secesionistas, entresaquemos algunos elementos de la declaración.

La parte declarativa es una amalgama retórica de valores supuestos: derechos históricos, bondades tradicionales del pueblo de Cataluña, lealtades hacia España no correspondidas, ejercicio del derecho a la "autodeterminación" y los consabidos agravios y represión.

La constitución de la “república”, como llaman a su Estado catalán, se fundamenta “en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña”. Exactamente lo que estaban formalmente violentando con la declaración, y que ahora quieren culminar en la práctica.

No podía faltar en una declaración de independencia la apelación a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la república catalana como Estado independiente y soberano. La reacción internacional fue sonada, pero no en el sentido que deseaban.

A finales de octubre de 2017, los Estados que se molestaron en reaccionar, 70, emitieron declaraciones de “no reconocimiento” y de apoyo a la integridad territorial de España. E igual lo manifestaron la UE, la OTAN y la ONU. ¿Cómo pudieron imaginar que algún Estado u organización iba a reconocerles? Entonces hicieron un solemne ridículo, que ahora quieren culminar.

La parte dispositiva, la que insta al Govern a dictar las resoluciones para la efectividad de la independencia, no tiene desperdicio, como por ejemplo: expedir los documentos de nacionalidad catalana; establecer la relación de tratados a mantener vigentes; integrar en la Administración catalana --salvo renuncia expresa-- a todos los funcionarios de la Administración del Estado en Cataluña; elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república catalana.

Y destaca, por la desfachatez en la inversión de la realidad --léase atentamente--, “abrir una investigación para determinar las responsabilidades del Gobierno del Estado Español, sus instituciones y órganos dependientes en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos para evitar el ejercicio del derecho de voto del pueblo de Cataluña el 1 de octubre”.

La declaración que Puigdemont nos invita a leer es un ofensivo bodrio jurídico, pero eso no impide que sea de una extrema gravedad, tan insólita en la Unión Europea que merecería figurar en los manuales académicos de teoría de la democracia como muestra de lo que en derecho y en política no se puede hacer. Y, no obstante, es lo que quieren culminar.

Si todos debemos meditar sobre lo ocurrido, los responsables de semejante extravío más que nadie. De las opciones de Cataluña, la independencia es en lo humano la más equivocada, políticamente la más imposible y socialmente la más destructiva.

A pesar de ello, lo que Aragonès quiere culminar es eso.