El 2 de abril, Feijóo sustituyó a Casado como presidente del PP, siendo el relevo mucho más que un simple cambio de caras. Entre ambos existen tres grandes diferencias: la experiencia en la gestión de una Administración, el papel de las autonomías en la organización del Estado y las características de la confrontación política con el PSOE.

Unas discrepancias generadas por sus distintas vivencias. Cuando logró ser el máximo mandatario del partido, el primero era un dirigente joven, el segundo veterano. Uno procedía de la cantera de Madrid, el otro de la de Galicia. Por ello, una visión centralista ha dejado paso a una autonomista y una batalla esencialmente ideológica a una centrada en la calidad de la gestión pública.

La veteranía ha llevado a Feijóo a divisar rápidamente la gran debilidad del Gobierno: las negativas repercusiones de una elevada inflación (9,8% en marzo) sobre el poder adquisitivo de los hogares y los beneficios de las empresas. Para demostrar su capacidad de gestión, en veinte días ha confeccionado un plan de medidas urgentes y extraordinarias.

Un documento que no es un programa económico, sino una alternativa a la actual política desarrollada por el ejecutivo de coalición. En dicho papel, en ningún momento indica que España entrará pronto en recesión, sino que implícitamente reconoce en 2022 un crecimiento superior al 4%. Tampoco manifiesta que nuestro país esté quebrado, tal y como repitió varias veces Casado, ni indica ninguna medida para reducir el déficit y la deuda pública.

El plan se divide en cuatro partes: medidas fiscales y ayudas directas a las empresas, racionalización del gasto burocrático del Gobierno, rediseño de los fondos europeos para hacerlos más útiles y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica.

De las anteriores, la más desarrollada es la primera y está esencialmente basada en la disminución de impuestos. Para Feijóo, la elevada inflación constituye un gravamen adicional y su resultado es el pago a Hacienda por parte de los ciudadanos de una excesiva cuantía. Por eso, pide al gobierno que les devuelva una parte del sobrante sufragado.

Un argumento relativamente similar al utilizado por G.W. Bush contra Al Gore en la campaña electoral de las presidenciales de EEUU del año 2000. La Administración tenía superávit presupuestario (1,9% del PIB) y el candidato republicano arguyó que el saldo favorable de las cuentas públicas no era debido a una buena gestión del partido demócrata, sino al pago por parte de los electores de demasiados impuestos.

Consideraba que el dinero estaba mejor en los bolsillos de las familias que en las cuentas de la Administración, pues las decisiones de las primeras eran más racionales que las adoptadas por los funcionarios públicos. Por tanto, si ganaba las elecciones, reduciría los tipos impositivos que gravan la renta. Triunfó, los bajó, benefició a los hogares de elevados ingresos y perjudicó a los de reducidas ganancias.

Los últimos pagaron menos impuestos que antes, pero también vieron disminuidas sus prestaciones sociales, pues así lo exigió un relativamente elevado déficit público (4,2% del PIB en 2004). Tal y como sucede habitualmente, el primer efecto tuvo una mayor repercusión que el segundo sobre las rentas altas, sucediendo lo contrario en las familias con menores ingresos.

Feijóo es un inteligente y perspicaz político de derechas. Conoce las características del electorado y sabe que solo ganará los próximos comicios si le votan muchas más familias humildes que a Casado. Por eso, en la presentación de su plan se centró en los beneficios de la reducción de impuestos para las rentas medias y bajas, a pesar de que también favorecen a las altas. Así sucede porque comporta la disminución de las bases imponibles de los tres primeros tramos del IRPF sobre las que se aplican los tipos impositivos.

En el capítulo de racionalización del gasto burocrático, la medida más destacada es la reducción de ministerios, altos cargos y asesores. Indudablemente, es una disposición populista que encantará a sus votantes tradicionales y a una buena parte de los que en las últimas elecciones dieron su voto a los partidos próximos por la derecha e izquierda.

En primer lugar, es de destacar que no pida una disminución del gasto, sino una mejor utilización. Nada que ver con lo manifestado una y otra vez por Casado y sus asesores económicos. En segundo, Feijóo conoce perfectamente que lo anteriormente indicado constituye un brindis al sol, pues tiene un escaso impacto positivo sobre las cuentas públicas.

Una verdadera racionalización comportaría el aumento del gasto en educación, sanidad, seguridad y justicia, así como la reducción del número de Administraciones y de las subvenciones concedidas por ellas. No obstante, nada de lo último lo dirá o lo hará, pues la disminución de la cifra de municipios y la supresión de las diputaciones o consejos comarcales perjudicaría a los miembros de su propio partido. Y a él la de los subsidios, pues reduciría el poder de control de la sociedad ejercido a través de los presupuestos públicos.

En relación a los fondos europeos, el plan destaca la escasa influencia que están teniendo sobre el crecimiento económico. La Administración sigue siendo muy lenta en su distribución y ejecución. En 2021, según datos del Banco de España, el impacto sobre el PIB solo fue de 0,3 puntos (alrededor de 3.000 millones de euros), cuando en los presupuestos del Estado estaba estimada una aportación de hasta 2,6 puntos.

Indudablemente, Feijóo acierta al destacar el principal problema del país en los próximos años: la lentitud de la ejecución de los fondos europeos. No obstante, según mi parecer, erra en las soluciones, pues pretende hacer más rápida su llegada a las empresas a través de disminuciones de impuestos.

Si así sucediera, los anteriores fondos ayudarían a mejorar la situación de numerosas compañías, pero no cambiarían casi ninguna de las características actuales de la economía española. Su objetivo debería ser una gran transformación de nuestro país y su conversión en una potencial mundial en los sectores de energías renovables, gestión de residuos, medicina regenerativa, generación de plataformas tecnológicas, automoción eléctrica o construcción industrial.

Finalmente, con el objetivo de favorecer e impulsar la actividad de las compañías, el nuevo líder del PP propone una revisión en profundidad de los procedimientos que regulan las relaciones entre la Administración y los operadores económicos. En otras palabras, plantea menos normas y controles públicos a las empresas.

Una opción aparentemente muy deseable, pero que tendría como contrapartida un aumento de la corrupción. Desde la llegada de la democracia, los múltiples casos han generado una gran cantidad de legislación para impedirla y una mayor supervisión de los poderes públicos. Ambos aspectos han convertido a la Administración en más lenta, pero sus actuaciones en más seguras y garantistas.

Un claro ejemplo de lo que podría suceder, si Feijóo aplica su plan, lo tenemos en los distintas irregularidades observadas en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. En ellos, los habituales controles públicos decayeron, pues la adquisición del anterior material era perentoria, y un buen número de conseguidores se forraron a costa del resto de españoles.

En definitiva, Sánchez tendrá un duro rival en Feijóo, pues éste se parece muy poco al peso pluma de Casado. Las propuestas del actual líder del PP son las tradicionales de un partido de derechas y de una distinta visión del país de la que tiene el PSOE. No obstante, ninguna de ellas es una insensatez. Incluso, estaría muy bien que algunas fueran adoptadas por el actual Gobierno, pues beneficiarían a la mayor parte de familias y empresas.

En el documento, Feijóo destaca hábilmente algunas de las fragilidades del ejecutivo. En primer lugar, el escaso apoyo a las compañías y los hogares. En gran medida, es fruto de la obsesión de Nadia Calviño por el déficit público, una variable que únicamente es nombrada en el plan en el apartado de contexto económico.

En segundo, dado el elevado precio de la electricidad y el gas, es incomprensible que el IVA de ambos productos no sea del 5%. En tercero, la propuesta de Feijóo de un subsidio de hasta 300 euros a las rentas más bajas es similar a la de Belarra y saca los colores al PSOE. Todo ello me hace pensar que las elecciones generales de 2023 van a ser unas de las más reñidas de la historia. El resultado dista mucho de estar claro.