No motiva mucho empezar el año sabiendo que durante 177 días vas a estar trabajando para cumplir con las colosales obligaciones tributarias. Muchos madrugones nos quedan aún para llegar al Día de la Liberación Fiscal, el día en el que los contribuyentes medios dejaremos de trabajar sólo para pagar impuestos.

La "cuña fiscal" que soporta el contribuyente español se sitúa entre las más altas de los países desarrollados. Así lo acredita Taxing Wages, el informe anual que publica la OCDE sobre los impuestos al trabajo. Además, el contribuyente español soporta también el pago sistemático de una batería de tributos indirectos, entre los que destaca el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No nos olvidamos de otras tantas figuras fiscales, tales como impuestos especiales, municipales, autonómicos, etc.

El think tank Civismo nos recuerda en un juicioso e interesante informe anual la distribución de esos 177 días: 102 días destinados a las cotizaciones sociales; 35, a cumplir con el IRPF; 25, a abonar el IVA; 11, a contribuir por Impuestos Especiales; y 5, a otros gravámenes (IBI, Patrimonio, Matriculación…).

Cataluña encabeza el ranking de presión fiscal en España. Esto no debe extrañarle a nadie, atendiendo que es la comunidad autónoma más acribillada a impuestos por parte de su alumbrada clase gobernante. El año pasado, hasta el 5 de julio, los trabajadores catalanes estuvimos trabajando más que nadie para pagar ese excéntrico plus llamado procés y la construcción de una imaginaria nación no reconocida internacionalmente por nadie.

Si a esta elevada presión fiscal le unimos el hecho de que en España casi 14 millones de personas perciben rentas vinculadas al sector público (pensionistas, parados con prestación y empleados públicos) mientras que poco más de 13 millones trabajamos en el sector privado, la situación se vuelve mucho más resbaladiza y desequilibrada. Cada vez hay menos trabajadores en el sector privado pagando más impuestos para sostener a más trabajadores dependientes de las administraciones públicas.

Temo que este no es el mejor camino para que España sea un país competitivo en un mundo tan absolutamente globalizado. Así no se garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas ni se aseguran nuestras pensiones. Es necesario un gran pacto de Estado para abordar estos desequilibrios. No se le pueden cargar más las espaldas a la gente que trabaja en el sector privado, de lo contrario esto será fuente de gran conflictividad social en el futuro.