Las aguas turbias de la corrupción

José Antonio Sorolla
8 min

La operación Lezo, el nuevo escándalo de corrupción que sacude al PP, es, por una parte, “más de lo mismo”, pero, por otra, arroja dos relevantes novedades: la rebelión de los fiscales contra las maniobras del Gobierno y del partido para tapar la cloaca, y la implicación de directivos de importantes medios de comunicación en la trama. El caso coincide además con la citación como testigo del presidente del Gobierno para que declare en el juicio de Gürtel, gracias a la decisión de dos jueces que desbarataron la intención de impedirlo de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Será una declaración inédita --nunca un presidente del Gobierno en ejercicio ha testificado en un juicio--, aunque Mariano Rajoy la inscriba en la más absoluta “normalidad”.

El “más de lo mismo” alcanza esta vez al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido junto a una docena de personas, algunas familiares directos, que se convierte así en la “tercera rana” de la charca en la que gobernó durante años la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Las dos primeras ranas, según definición de la propia Aguirre en febrero del año pasado, son el exconsejero Alberto López Viejo, de quien el pasado jueves dijo en el juicio de Gürtel que no era hombre de su confianza, y su otro vicepresidente, Francisco Granados, que lleva dos años y medio en prisión por el caso Púnica.

Los delitos por los que González está en la cárcel son prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación y corrupción en los negocios, presuntamente cometidos cuando presidía la empresa pública de aguas Canal de Isabel II (2003-2012), de la que se desvió dinero público hacia los bolsillos de los implicados y quizá también para financiar al partido. El “más de lo mismo” se repite también entre los presuntos corruptores, la empresa constructora OHL o la tecnológica Indra, dos compañías que aparecen en todos los escándalos de financiación del PP. El directivo-consejero de OHL y yerno del presidente Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, “compi yogui” de la reina Letizia, condenado a seis meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid, está detenido por pagar supuestamente una comisión de 1,4 millones de euros a González.

La primera gran actuación de Moix ha destruido el discurso oficial del PP sobre la independencia judicial y la atribución de los casos de corrupción a hechos del pasado

Las sospechas sobre González eran un clamor en Madrid y entre sus adversarios en el PP de la Comunidad porque su tren de vida era incompatible con sus ingresos como cargo político: vive en una mansión de 465 metros cuadrados en Aravaca, con seis habitaciones, seis baños, piscina y sala de cine, y posee el ático dúplex de Estepona de casi 500 metros cuadrados por el que también está siendo investigado.

Pero este asunto destaca aún más que por la corrupción dineraria por la corrupción política de las instituciones, con los intentos del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, de frenar las investigaciones impidiendo registros y eliminando algunos de los delitos, con el apoyo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el magistrado del Tribunal Supremo que sustituyó por sorpresa a la anterior titular, Consuelo Madrigal, que no era suficientemente dócil a las órdenes del Gobierno. Moix ha prestado grandes servicios al PP y a sus dirigentes: intentó archivar el caso del espionaje entre cargos del PP en Madrid; evitó que Rodrigo Rato durmiese un día en el calabozo cuando fue detenido; consiguió la condena del juez Elpidio Silva después de que encarcelase al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; no acusó a Esperanza Aguirre en el incidente con los policías municipales cuando huyó tras aparcar mal el coche oficial y advirtió de que publicar los correos electrónicos que descubrieron las tarjetas black podría ser delito.

Los fiscales encargados de la operación Lezo se negaron a cumplir las órdenes restrictivas de Moix, que revocó después de que la Junta de Fiscales, convocada al efecto, respaldase a sus subordinados. La primera gran actuación de Moix, pues, ha destruido el discurso oficial del PP sobre la independencia judicial y la atribución de los casos de corrupción a hechos del pasado. La movilización de la fiscalía general confirma que el PP está aún atrapado por la corrupción, que no puede achacarse a casos aislados, como hace Rajoy, ni a colaboradores desleales, como hace Esperanza Aguirre.

El otro hecho novedoso de la operación Lezo es el comportamiento de algunos directivos de medios de comunicación. El presidente de La Razón, Mauricio Casals, apodado “el príncipe de las tinieblas”, y el director del periódico, Francisco Marhuenda, declararon el jueves como investigados (imputados) por presuntas coacciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y a su entorno para que no denunciaran la corrupción en la compañía de aguas, que afecta también al consejero delegado del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, que compró una sociedad brasileña por 25 millones de euros cuando al cabo de un mes valía la mitad.

Tanto Casals como Marhuenda han negado las acusaciones, pese a que las grabaciones de sus conversaciones son inequívocas. Ante la frase “ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche” (a Cifuentes y sus colaboradores), a Marhuenda solo se le ha ocurrido decir que “inventar” es una palabra de argot en la profesión periodística. La imputación de ambos fue silenciada el primer día por los medios del grupo Atresmedia (Antena 3, La Sexta y Onda Cero), algunos de los cuales se caracterizan por presentarse como martillo de corruptos. Vivir para ver.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.