Por una razón o por otra, El Prat siempre está de actualidad, y no precisamente para bien. El conflicto le rodea con tanta frecuencia que el aeropuerto va camino de convertirse en una pesadilla para los usuarios.

No puede decirse que contribuya a la buena imagen de la ciudad, ni del país. Pero, en realidad, no nos podemos quejar: retrata muy bien cómo funcionamos.

El origen del último desastre está en las desavenencias entre los trabajadores y la dirección de Eulen en torno a sus condiciones salariales y laborales. La división de seguridad de la multinacional ganó la contrata de los servicios de control que Aena sacó a concurso para sus instalaciones de El Prat.

Aena se empeña absurdamente en decir que no tiene un papel directo en el asunto y que, en consecuencia, no piensa intervenir; como si no fuera con ella. En realidad, lo que ocurre es que su política de reducir costes al máximo le lleva a buscar proveedores al precio mínimo, y éstos a su vez atornillan a sus trabajadores al máximo.

¿Qué consigue Aena con esa política? Comprimir los costes de su cuenta de resultados de manera que pueda competir en tasas bajas con los aeropuertos más baratos del mundo. De esa forma, logra miles de vuelos low cost que transportan millones de turistas a Barcelona.

¿Qué le costaría a Mariano Rajoy, entre recepción y recepción a deportistas, descolgar el teléfono y llamar a José Manuel Vargas y ponerlo firme?

Además, obtiene unos magníficos resultados con los que repartir buenos dividendos: 431 millones de beneficio en los primeros seis meses del año, un 36% más. Con razón, desde que debutó a principios de 2015 en bolsa sus acciones se han revalorizado un 140%.

Lo más grande del asunto es que el Estado --el Gobierno--, que aún tiene más del 50% de su capital y que por tanto es su propietario, se lo consiente.

Este Gobierno, su presidente, está acostumbrado a no tomar decisiones, a dejar que las cosas caigan por su propio peso.

¿Qué le costaría a Mariano Rajoy, entre recepción y recepción a deportistas, descolgar el teléfono y llamar a José Manuel Vargas y ponerlo firme? ¿O a la misma María José Álvarez, presidenta de un grupo como Eulen que tanto presume de la famosa RSC? Seguro que también sería sensible a un pequeño apretón del presidente del Gobierno.

Hacer eso no sería injerencia en asuntos privados, sino gestión de los intereses generales; gobernar. No levantar el teléfono es sencillamente ponerse de perfil y no hacer frente a las obligaciones de un Gobierno que, en muchos casos, pasan por apagar fuegos.