300 días para cobrar una prestación por jubilación

Raúl Moreno
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Exactamente, 304 días son los que debe esperar un ciudadano catalán para cobrar una prestación no contributiva por jubilación. La segunda comunidad autónoma que más tarda en tramitar esta prestación. La sexta, 161 días, si se trata de tramitar una prestación no contributiva por invalidez.

Cataluña se ha convertido en una autonomía en permanente lista de espera: para una invalidez, una visita con el especialista médico, para una reconstrucción de mama, para un piso de emergencia social, para ser atendido en el centro de salud mental… Es lo que uno se encuentra cuando se aproxima a las políticas concretas, las que nos afectan a todos, y que difícilmente ocupan la atención informativa. Y no es porque no se hable en las instituciones de ellas: se habla y se votan iniciativas en ese sentido, pero raramente son recogidas por los medios. No generan declaraciones ni contradeclaraciones, no forman parte de la bronca política. La ciudadanía convive con este tipo de situaciones con una mezcla de resignación, desconfianza y hastío. Esperar se ha vuelto parte del proceso, pero lo de Cataluña no tiene nombre.

La gestión de las pensiones no contributivas es competencia de las comunidades autónomas. Pone a prueba la maquinaria administrativa de las consejerías encargadas de su tramitación. Así, mientras en Baleares o en la Comunidad Valenciana tramitar estas prestaciones no dura más de un mes, en Cataluña esperamos 10. En el caso de las de invalidez, esperamos el doble de lo que lo hace un madrileño. Eso sin añadir, por ejemplo, el año largo que se tarda en recibir el reconocimiento de un grado de discapacidad.

Capítulo aparte merece la ley de dependencia en Cataluña: 580 días de media entre la solicitud y el cobro de la prestación. Solo nos superan Andalucía y Canarias. En lo que somos los líderes es en listas de espera. Ahí no nos gana nadie en España. Más de 78.000 personas. Ante tal demostración de ineficacia, tanto ERC como Junts –revueltos, pero no juntos en el Govern de Cataluña— optan por llorar más que la Zarzamora, aludiendo a problemas de financiación: los mismos o más que tienen otras comunidades, sin ser las segundas en recibir más fondos del Gobierno de España, y que aun así tramitan las prestaciones en un plazo menor al marcado por la propia ley. Es demasiado habitual escuchar al Gobierno catalán exigir a los demás lo que son incapaces de exigirse.

Peor suerte corren las personas con discapacidad intelectual que necesitan un recurso residencial: una media de dos años de espera si viven en Barcelona, siete si viven en el Vallès Occidental, 12 en el Tarragonès o 14 en el Baix Llobregat. Es la consecuencia del olvido histórico que ERC y Junts han tenido por la Cataluña no metropolitana.

Podría seguir. Cataluña dispone de más de 150 prestaciones, 90 de las cuales son responsabilidad de la Generalitat, la mitad gestionadas por el Departament de Drets Socials. El motor de la Generalitat está gripado, no va, funciona mal. Va lento. Insoportablemente lento. Las entidades sociales lanzaban hace pocas semanas un SOS: no cobran por los servicios que prestan. Tampoco han cobrado ni un euro los ayuntamientos por el contrato programa de Servicios Sociales e, incluso con un 30% de pobreza, ni un solo euro de los Fondos Next Generation ha llegado todavía al beneficiario final.

Espero equivocarme, pero poco o nada va a cambiar. No se están dando pasos decididos para conseguir reducir los tiempos de espera. Desde la oposición hemos presentado planes de choque sociales y para reducir la espera en dependencia sin que el Govern haya querido asumirlos, ni tan siquiera negociarlos. Y hay un problema añadido: no hay gobernanza de lo administrativo y, gestionando más de 90 prestaciones, esa incapacidad ataca directamente los derechos de la ciudadanía a recibir las prestaciones a las que tiene derecho por ley.

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¿Quién es... Raúl Moreno?
Raúl Moreno

Diputado del PSC en el Parlament de Cataluña y ponente de la Renta Garantizada de Ciudadanía.