Forofos o ciudadanos: la exigencia racional del liberal Arruñada

El representante de una entidad social llama a una emisora de radio y explica su situación de forma agónica. Pide más recursos públicos. Un analista considera que ha faltado inversión por parte del Estado durante décadas en el servicio de Cercanías de Renfe en Catalunya. Y un economista, también en el mismo programa de radio, que se suma a esas peticiones, señala que se podría hablar ya de “fiscalidad confiscatoria”, porque los impuestos que se pagan son cada vez más altos en España.

¿Se trata de contradicciones o es posible ligarlo todo a través de una fórmula racional? Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universitat Pompeu Fabra, ha señalado un responsable. Acaba de publicar La culpa es nuestra (Esfera de los libros), un trabajo en el que aborda cómo los responsables políticos acaban pegados a las decisiones de los propios ciudadanos. Y éstos, a juicio de Arruñada, no han permitido reformas en profundidad. El subtítulo del libro es ilustrativo: Cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España.

El catedrático no se esconde. Lleva años afirmando que en España las redes clientelares dificultan los cambios. Y que los ciudadanos son poco proclives a transformaciones que pasen por incentivos a quienes “más se mueven”, a quienes muestran un mayor dinamismo y ambición.

¿Qué impuestos se pagan?

Arruñada se declara “un liberal”, con un proyecto en el que el Estado debiera tener menor peso en la sociedad. Pero da cuenta de que el conjunto de los españoles no está en esa posición. Perfecto, admite. Sin embargo, los gobiernos de todo color deberían dejar las cosas más claras. No esconder los costes de cada servicio, de cada promesa, no engañar a la ciudadanía asegurando que todo será posible.

El debate tiene un carácter sociológico y psicológico claro. Es la forma de relacionarse, de entender los recorridos profesionales y personales de cada uno. De controlar lo que hace el vecino o de autoengañarse sobre los impuestos que se pagan o sobre los salarios que se cobran.

Porque, ¿hay una manera de relacionarse con el Estado propia de cada pueblo? ¿Son realmente las instituciones las que marcan la evolución de una determinada comunidad nacional, como reflejaron en el libro los autores Acemoglu y Robinson, el ya clásico ¿Por qué fracasan los países?

Arruñada cree en las instituciones, pero siempre que los responsables que estén al frente sean capaces de liderar, de afrontar reformas, de explicarlas en detalle a la ciudadanía y de aplicarlas.

¿Y con qué material se cuenta en España? Arruñada presenta un arsenal de datos. En España existe una tendencia a priorizar la intervención del Estado, muy por encima de la iniciativa individual. Se ha instalado, también, una inclinación por buscar el beneficio inmediato, frente a la planificación a largo plazo.

Y existe una cierta “aversión” a la competencia, una resistencia a los mercados libres, que, a su juicio, se traduce en un sistema fiscal y educativo que castiga el esfuerzo y la movilidad con el fin de conseguir un “igualitarismo” mal entendido.

Con el populismo en auge, con oportunistas que dicen medias verdades para provocar el enojo ciudadano contra los gobiernos, Arruñada se fija, por ejemplo, en las retenciones del IRPF, o en las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador. Con ello, el trabajador-ciudadano no sabe exactamente qué paga. Y eso implica, a su vez, que no se conocen con exactitud el coste de los servicios públicos.

¿Consecuencia de esas preferencias psicológicas del grueso de la población española? Arruñada entiende que las instituciones fallan no por mala fe o por ineptitud, sino porque siguen las preferencias sociales. La ciudadanía, por tanto, estaría sosteniendo un sistema que critica. Reclama beneficios particulares, tolera el fraude y pide al Estado protecciones que son costosas e ineficaces.

Herramienta de poder

Todos los ámbitos aparecen en el libro. No hay catastrofismo. Es una especie de guía por las políticas públicas en España. La educación se trata –sucede también en gran parte de los países occidentales—como un bien de consumo, y no como un mecanismo meritocrático. La vivienda se ha utilizado para “hacer negocios redondos”. Y las autonomías han derivado en estructuras de captura de rentas, a través de políticas identitarias.

Arruñada, que fue muy crítico con el proceso independentista en Cataluña, enfoca el ‘problema catalán’ de una profunda racionalidad. El título del capítulo que dedica a Cataluña es ilustrativo: Cataluña, el espejo incómodo de España. A su juicio, lo que sucede en la comunidad también pasa en el resto de autonomías, aunque, tal vez, de forma más pronunciada.

Esa cuestión es primordial en el análisis de Arruñada. Lo que sucede o ha sucedido en las últimas décadas en Cataluña es una versión más profunda de lo que ocurre en la política española: personalismo, pactismo opaco, utilización de la administración como herramienta de poder y victimismo de cara al exterior.

El engaño puede ser un debate planteado como un partido entre España y Cataluña. Nada más lejos de la realidad. Como profesor de organización de empresas, prima en Arruñada el análisis frío.

Se trata de engaños, aquí y allá, a partir de demandas que se han generado en las respectivas sociedades, que aceptan escuchar el anuncio de mejoras casi mágicas. En Cataluña se asoció más bienestar con más identidad y más poder propio, sin que se explicaran costes ni se mostraran datos contrastados.

El debate generado estas semanas, tras el accidente del AVE en Córdoba y también el accidente en el servicio de Cercanías de Renfe en Gelida (Barcelona) enlaza de forma directa con el extenso libro de Arruñada.

El catedrático señala que la inversión en AVE se ha demostrado un “derroche”, pero que era lo que aplaudía la ciudadanía, al convertirse esa inversión en un icono sobre la modernidad del país. Aunque una parte de esa misma ciudadanía –los usuarios fundamentalmente—pedía una mayor inversión en el mantenimiento de las líneas convencionales de tren, los gobiernos optaron por el AVE sin pensar en un criterio fundamental.

Arruñada incide en que las decisiones de inversión deben tener en cuenta los criterios de rentabilidad social, donde la inversión genera más valor. Primó, sin embargo, la imagen, con inauguraciones de obras muy visibles y de prestigio de cara al exterior.

La responsabilidad "es nuestra"

¿Hay salidas? Claro. Pero siempre que los españoles las quieran. ¿Se equivoca Arruñada al señalar que los gobernantes siguen esas preferencias instaladas en la psique de la mayoría de españoles? “Fallan las élites, pero también los ciudadanos”, insiste.

La racionalidad no determina el voto. O no sólo. Hay opciones ya tomadas de antemano, por muchas razones. Hay forofos de equipos de fútbol y de partidos políticos. Y hay poco incentivo para adquirir una información exhaustiva sobre política.

“Cada individuo tiene poco interés en informarse sobre cuestiones públicas, pues el coste de adquirir dicha información supera los beneficios que obtiene personalmente, ya que la ganancia de mejorar las decisiones sociales se distribuye entre todos los miembros de la sociedad”, señala Arruñada, centrado, una vez más, en esa preferencia por el interés propio y el corto plazo que caracteriza al español medio.

¿Receta? “Competencia regulada, incentivos claros, libertad de entrada, educación libre y responsabilidad individual: estos son los mecanismos que, en cualquier sistema, aseguran eficiencia y equidad. Explican nuestros éxitos deportivos y también la ausencia de logros en otros ámbitos. Si conseguimos aplicarlos a la vida colectiva, podremos alinear mejor nuestras instituciones con los fines que decimos perseguir. La responsabilidad es nuestra”.