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Vecinos del Maresme 'atrapados' por la carretera claman por un semáforo tras un atropello

Residentes en un edificio de Sant Pol de Mar exigen un acceso peatonal que les permita acceder al núcleo urbano del municipio a pie

Vecinos de Sant Pol (Maresme) sin semáforo para cruzar la carretera / CG
Vecinos de Sant Pol (Maresme) sin semáforo para cruzar la carretera / CG

Los habitantes del edificio Carabobo, en Sant Pol de Mar, se encuentran aislados del núcleo urbano de este municipio del Maresme. Si quieren abandonar sus casas, deben hacerlo en coche. No tienen otra alternativa. El inmueble se encuentra frente a la carretera N-II y la B-603. A pesar de que en otras zonas de la comarca existen pasos de peatones o accesos subterráneos para los viandantes, la administración aduce que en este punto concreto tampoco es posible instalar un semáforo; un reclamo de los vecinos afectados.

Ya en mayo de 2013, los Servicios Territoriales de Carreteras rechazaron esta opción. La otra alternativa sobre la mesa es una intervención para abrir un paso peatonal, paralelo a la circulación de vehículos, que tendría un coste de 245.000 euros. Actuación que cuenta con la aprobación de la Generalitat, quien abonaría el 60% del importante total, mientras que el consistorio de Sant Pol debería hacerse cargo del 40% restante; extremo que ha rechazado, al no contar con fondos suficientes.

Así sería el paso peatonal para los vecinos de Sant Pol de Mar / CG
Así sería el paso peatonal para los vecinos de Sant Pol de Mar / CG

Paso para viandantes

En juego entran varios actores. Por una parte la Generalitat, titular de la N-II. También la Diputación de Barcelona, que ostenta las competencias sobre la B-603, y el gobierno municipal, quien en 2014 comunicó a Territori “que era imposible delimitar un paso para viandantes ya que no se podía garantizar la continuidad por el tramo de carretera”.

Dos años después, el consistorio solicitó un nuevo informe a Carreteras para exigir un paso de peatones; solución que el departamento consideró “inviable”. El informe de la Diputación recoge que en cinco años no se había registrado siniestralidad en la zona, pese a que muchos residentes siguen atravesando la carretera a pie. Sin embargo, el pasado 23 de junio, una mujer de 42 años falleció atropellada cuando cruzaba la N-II, pasadas las 22.30 horas.

'Atrapados' por la carretera

La presidenta de la comunidad afectada, Núria de Mesas, explica a Crónica Global que toda la carretera nacional del Maresme está llena de pasos de peatones y semáforos, excepto Sant Pol. “El Ayuntamiento nos decía que era así porque en esa zona no se podía limitar la velocidad, y ahora resulta que han puesto uno un poco más adelante”, critica.

“Lo hemos reclamado muchas veces y nos mandan a freír espárragos”, lamenta. A pesar del visto bueno de Carreteras para construir una vía peatonal alternativa y permitir así que los vecinos puedan llegar al municipio sin tener que utilizar sus vehículos, el consistorio se negó a sufragar el importe que le correspondía de dicha actuación y alentó a los residentes de Carabobo a que lo costeasen. Aún hay más. La finca la que ahora ocupa el edificio acogió antiguamente un hotel. En su día el terreno se dividió en dos y la casa que ocupa la parte trasera sí cuenta con acceso peatonal, pero las viviendas no puedan acceder a ese camino porque no hay servidumbre de paso y el dueño, en su legítimo derecho, se lo impide. “Por lo tanto, salimos directamente a la carretera”, señala De Mesas.

Sin alternativa

Ella compró el piso hace 13 años. “Ahora tengo una niña de seis, e incluso la he matriculado en un colegio de Calella, porque si no puedo llevarla caminando y tengo que coger el coche y dar mil vueltas, no tenía sentido”, detalla. La respuesta que le han dado desde el consistorio ante sus constantes reclamos es que cuando adquirió el inmueble ya estaba al tanto de la situación. “Vale, yo sí, pero mi hija no, es la respuesta que doy”, explica. Apunta incluso que el ayuntamiento cambió el punto de recogida de basuras porque suponía un riesgo para los operarios. Sin embargo, para los residentes no dan alternativa, pese a que sus reclamaciones comenzaron en 2006."No es un capricho, sino una necesidad y un derecho como vecinos del pueblo que pagamos impuestos", subrayan.