El plan urbanístico de la Sagrada Familia se fiscalizará en el TSJC

La Sección Tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha comunicado este miércoles que admite a trámite el recurso de la Asociación de Vecinos Afectados por la Construcción de la Sagrada Familia contra el Plan Especial Urbanístico Integral (PEUI) del templo. Es decir, la hoja de ruta para completar la famosa basílica de Antonio Gaudí.

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El Alto Tribunal catalán inicia de esta forma la fiscalización de un proyecto histórico que contempla crear una rambla con una enorme escalinata para acceder al edificio desde la calle Mallorca, donde se construirá la puerta de acceso principal (la fachada de la Gloria) a una de las iglesias más conocida a nivel internacional. Esto implicaría que hasta 3.000 vecinos de la zona se quedasen sin vivienda, ya que en su versión maximalista se contempla derribar dos manzanas de casas situadas entre este punto y la calle Valencia.

Estrategia judicial

Los afectados intentarán demostrar ante los magistrados del TSJC que la planificación autorizada no formaba parte del diseño original que hizo Gaudí, sino que se ha añadió 24 años después (en 1906) por discípulos del arquitecto. Cuentan a su favor con una resolución de 1976 de la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico del entonces denominado Ministerio de Educación y Ciencia en la que se confirma que las escaleras de acceso son una adenda posterior al proyecto.

Buscan demostrar que los bloques afectados se construyeron con todos los permisos requeridos, por lo que no habría lugar a la expropiación y demolición que se incluye en el PEUI. Algo que choca contra la regulación urbanística que se ha completado para dar luz verde a esta planificación y a la licencia de obras que le concedió el Ayuntamiento de Barcelona 137 años después de que se iniciaran las obras, previo pago de 4,6 millones de euros por parte de la Junta Constructora de la Sagrada Familia.

Segundo recurso

La asociación también anunció que recurría esta autorización, aunque el TSJC aún no se ha pronunciado sobre ella. Los afectados han contratado para esta causa al abogado y exconcejal de Urbanismo de Barcelona Ramón García Bragado. También han sido asesorados por el antiguo responsable de Patrimonio municipal, Jordi Rogent, tal y como informó El País en verano.

Detalle del interior de la Sagrada Familia / EFE

La causa judicial pone en duda las obras de la Sagrada Familia, que debían concluir en 2026. Ya se anunció que se consideraba que los trabajos en el templo podrían proseguir mientras el proceso siga su curso, pero los arreglos en los alrededores quedarán paralizados. La batalla jurídica de los vecinos puede durar años, ya que puede acabar ante el Tribunal Supremo.