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Ilustración del acto de inauguración del edificio de la Real Academia Española (1894) / JUAN COMBA

Libertad se escribe con Ñ

Argentina acoge esta semana el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española mientras la RAE cierra con el Estado un acuerdo para garantizar su supervivencia

28.03.2019 00:00 h.
9 min

Últimamente existe la costumbre, que podríamos considerar patológica, de explicar(nos) el valor de las cosas en función de su potencialidad comercial y de su rendimiento económico. El dinero, valor supremo de las sociedades humanas, reduce a cifras contables lo que somos, que es básicamente aquello que pensamos y expresamos a través de la lengua, la arquitectura invisible de nuestra existencia. Esta semana ha comenzado en Córdoba (Argentina) el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española con el desfile de próceres y autoridades, y el azar ha querido que la noticia del insigne evento panhispánico coincida con el anuncio de un acuerdo institucional para que la Real Academia (RAE) reciba de las arcas públicas un rescate del Estado --“una solución estable”, según su director, Santiago Muñoz Machado, ilustre jurista-- por valor de cinco millones de euros.

La subvención, que no otra cosa es esta línea de crédito, suscita las dudas de si la institución que la recibe va a ser, como sucede en tantos otros ámbitos sociales, controlada o sometida por el poder político, que es quien administra (a su capricho) la hacienda común. Los jerarcas de la Academia lo niegan. Pero la duda es lícita. Y aún más: lo extraordinario es que en un país como España, donde hay españoles que cuestionan el uso mismo del español como idioma común, la segunda lengua del mundo desde el punto de vista fáctico, esta cuestión no esté aún resuelta. Ni la sociedad civil, que fue históricamente el embrión de la institución, ni los sucesivos gobiernos han querido arreglarlo. “La RAE es una institución de Estado y debe ser tratada como tal”, dice Muñoz Machado. No es exacto. La Academia no es equiparable a una administración pública. A Dios gracias.

El catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado

Santiago Muñoz Machado, actual responsable de la RAE.

Su existencia como corporación, fundada en el siglo XVIII, se debe a un motivo finalista: la necesidad de construir un gran diccionario. Ésta, y no otra, fue la tarea en la que ocho ilustres pioneros, conocidos como los novatores, empezaron a trabajar en la plaza de las Descalzas Reales de Madrid, donde tenía su biblioteca --y palacio-- Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués, duque, conde y hasta virrey de Navarra, Aragón, Cataluña y Nápoles. La Academia es una institución de origen nobiliario cuya pretensión era “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza”.

Estatutos RAEUn año después de su nacimiento, como era natural en aquel tiempo, quedó bajo el amparo (relativo) de la Corona. Desde entonces convertirse en académico implicaba gozar de privilegios, beneficios y exenciones, entre ellas quedar exento del preceptivo examen inquisitorial del Santo Oficio. Nadie, ni entonces ni ahora, hacía nada gratis et amore. A cambio, se ayudaba a un fin noble: velar por el español. Salvo que confundamos la nación con la nobleza, es evidente que la institución académica no nació por una decisión gubernamental, sino por una iniciativa particular de sus fundadores. La RAE fue concebida como un instrumento pragmático, evitando convertirse en un foro de charletas galantes.

Los primeros académicos pensaban que el español había llegado a su grado máximo de perfección. Sin duda, eran unos ilusos, porque una lengua nunca es perfecta, sino (más o menos) útil. Su vitalidad consiste justamente en no convertirse ni en un hermoso vestigio arqueológico ni en un órganon cerrado. La función de la Academia como espacio de consenso lingüístico ha sido fecundo. Las normas sirven, una vez enunciadas, para ser cuestionadas. Y es indudable que sin las gramáticas --desde la castellana del sevillano Nebrija a la del americano Andrés Bello--, y sin la doctrina de la RAE, sería imposible valorar el proceso creativo del idioma. Esta labor se ha financiado históricamente con créditos aportados por los académicos, que al principio eran aristócratas con posibles y después fueron gente idealista, capaces de hipotecar sus bienes para hacer un diccionario. De éstos, por supuesto, ya no queda ninguno.

Andrés Bello

Andrés Bello, autor de la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos (1847).

Los actuales académicos, que proceden de distintos campos profesionales, son, en su mayoría, una cofradía de vedettes que, aunque no cobran demasiado por ir a sus reuniones --perciben una gratificación de 140 euros por cada pleno semanal--, no se juegan su fortuna en favor de la institución, lo que ha dado lugar a una paradoja: sus nombramientos son acontecimientos sociales pero ninguno de ellos dejan en la casa los recursos necesarios para pagar a los 85 filólogos --la verdadera academia-- que sostienen todo el prestigio de la RAE. La institución recibía asistencia pública --cuatro millones de euros-- hasta 2008, cuando la crisis redujo la aportación del Estado a menos de dos millones. Desde entonces, todo han sido quebrantos. Lloros. Y lamentos. Pero ninguno de los académicos, algunos de ellos millonarios, que sepamos, han dado un paso categórico en favor de la noble causa de salvar la casa del español de la ruina.

Portada del Diccionario de Lengua Castellana (1737).Los filólogos, pese a todo, han seguido trabajando de forma rigurosa y divulgativa. Sin medios y sin figurar. La Academia presta un indudable servicio público --diccionarios, estudios, consultas gratuitas-- mucho más importante que el de cientos de departamentos del Estado, incluyendo a las sagradas autonomías, que gastan en protocolo o burocracia infinitamente más. Nadie ha trabajado durante estos años para solucionar esta endémica dependencia, mientras otras administraciones, entre ellas algunas dirigidas por independentistas, llevan cuatro décadas limitando el espacio del idioma común en las escuelas, en los medios de comunicación y en la calle. Un hostigamiento ante el que el Estado lleva décadas haciéndose el sueco, sin serlo, permitiendo que muchos agiten la pólvora que consiste en enfrentar identidades culturales.

Ni la rentabilidad económica --expresada a través de las balanzas comerciales-- ni la socorrida razón de Estado, la justificación de los jerarcas académicos para justificar el óbolo, son trascendentes para el español. La lengua española no es importante sólo porque facilite los negocios transoceánicos o permita a algunos ejercer de pavos reales. No. Lo es por sí misma. Porque es el puente con las culturas de ultramar, que son nuestro reflejo. El milagro del español ni es económico burocrático. Es cultural: compartir el mismo idioma, en España y América, ha conseguido disolver las identidades puras --tanto las pretéritas como las creadas artificialmente-- en un magma común, sin fronteras, y crear un territorio compartido por 500 millones de personas. No se nos ocurre mejor contribución en favor de la libertad.