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Gráfico de las reclamaciones de la Unión Europea a las empresas con ventajas fiscales.

Los otros casos Apple

Bruselas sanciona a la tecnológica por los beneficios fiscales disfrutados, pero antes ha recuperado otros impuestos ‘impagados’

31.08.2016 00:00 h.
3 min

Es una de las noticias del día. Pronto se ha elevado a tendencia en Twitter. Bruselas reclama a Apple los 13.000 millones de euros (más intereses) que ha dejado de pagar en impuestos por el convenio de ventajas fiscales del que ha gozado en Irlanda. No es el primer toque de atención de la Unión Europea a los Estados y las multinacionales, pero sí el más elevado en cantidad hasta la fecha.

La deuda fiscal de Apple abarca 10 años de impuestos impagados. En total, 13.000 millones de euros que equivalen al presupuesto nacional de salud de Irlanda. El país cuenta con el impuesto más bajo a grandes corporaciones de Europa Occidental (12,5%), si bien Apple se beneficia desde 2003 de una imposición del 1% sobre utilidades europeas, que bajó al 0,005%: en 2014, Apple pagó 50 euros por cada millón.

Cafeterías y coches

Bruselas ha aumentado el control en los últimos tres años. Precisamente en 2014, la Comisión Europea ordenó al grupo energético EDF el reembolso de 1.400 millones de euros, la mayor cifra hasta el toque de atención a Apple. Menores fueron los recados de la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, a Holanda y Luxemburgo: 30 millones a Starbucks y Fiat Chrysler, respectivamente.

En 2016, la Comisión ha ordenado a Bélgica la recuperación de 700 millones de euros de 35 compañías, entre las que destacan BP, Proximus, ABInBev y Atlas Copco. El foco está ahora en los pactos fiscales de Luxemburgo con Amazon y McDonald’s. Pueden ser los siguientes en pasar por caja.

Los tratados europeos

Hay que matizar, en todo caso, que estas medidas no son multas a las compañías en ningún caso, y que los tratados europeos tampoco permiten la sanción a los Estados por el uso de marcos fiscales a medida de las grandes corporaciones. Bruselas puede multar a los países si no logran recaudar el dinero reclamado, o si recurren la decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia, que sí puede castigar al Estado por las prácticas abusivas.

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