La justicia reprueba a Grupo DiR, comandado con mano de hierro por su CEO y fundador, Ramon Canela. Múltiples despidos improcedentes han servido para destapar las anomalías en la facturación de la cadena de gimnasios.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como ha avanzado este medio, ha avalado la consideración de “grupo patológico laboral” del entramado, conformado por 41 sociedades.
Las resoluciones que tumban los despidos recogen que "factura y refactura" a las distintas sociedades mediante una empresa matriz. Y sacan a la luz las cuentas de una de ellas, que revirtió, en un solo año, pérdidas cifradas en más de tres millones de euros; las mismas de las que la cadena se había servido para apear a una de sus trabajadoras de forma improcedente.
Los tribunales consideran que DiR incurre en confusión patrimonial; también de plantillas. Y señalan a la cadena por “uso abusivo de la dirección unitaria” en detrimento de sus trabajadores, que son echados sin la indemnización correspondiente.
Una nueva polémica que empaña la imagen de Canela, cuyo modelo de gestión ya quedó empañado tras los rescates millonarios de la Administración pública en pandemia y los sucesivos planes de refinanciación para pagar sus deudas internas.