Roberta Metsola

La exclusión del castellano como lengua también vehicular en el sistema educativo de la Generalitat de Cataluña suscita estupor en las instituciones comunitarias. Si la semana pasada el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pedía al presidente del Govern secesionista, Pere Aragonès, que respete las sentencias que instan a impartir al menos un 25% de las clases en español en la autonomía, ahora es el Parlamento Europeo el que se interesa por la vulneración de derechos que supone su incumplimiento.

La Eurocámara investigará in situ en 2023 la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta desde la época de Jordi Pujol, y endurecida aún más a raíz del decreto y la ley aprobada en el Parlament a posteriori de dichas sentencias para desacatar los porcentajes. Aunque tarde, todo apunta a que el final de los atropellos y la falta de respeto por parte de las autoridades nacionalistas al bilingüismo y los castellanohablantes en la educación de Cataluña está cada vez más cerca.