Mercè Conesa

La actual presidenta del Puerto de Barcelona, expresidenta de la Diputación de Barcelona y antigua alcaldesa de Sant Cugat del Vallès debería poner a trabajar a sus abogados para que se esclarezcan los gastos poco claros del consistorio vallesano durante los ejercicios de 2017 y 2018. Casi millón y medio de euros librados sin concurso público a proveedores recurrentes. No pinta muy bien.

Una política que en virtud de su militancia ha sido alcaldesa de una ciudad importante --durante muchos años, la principal población gobernada por CiU-- y después ha manejado el riquísimo presupuesto de la Diputación de Barcelona está doblemente obligada a dejar su gestión limpia de toda sospecha. Máxime cuando ahora ocupa un cargo aún más destacado y en el que ha reemplazado a otro conocido convergente, Sixte Cambra, implicado en la red de financiación ilegal de CDC, el llamado caso 3%.