Josep Gonzàlez-Cambray

El "derecho a decidir" que los mandatarios secesionistas de la Generalitat exigen con tanta insistencia al Gobierno se limita sólo a aquellas cuestiones que les interesan a ellos mismos. Ese "derecho a decidir" no existe, por ejemplo, para aquellos profesores del sistema educativo de Cataluña que desean impartir sus clases en castellano. Así de claro lo dejó ayer el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que con su habitual estilo autoritario e intimidatorio ayer advirtió a los docentes de la autonomía de que no pueden escoger la lengua que prefieran.

Cambray insiste en imponer "el uso social del catalán" en todos los ámbitos de las escuelas, más allá incluso de las clases, donde impera el monolingüismo en catalán impuesto desde la época de Jordi Pujol como presidente. En su obsesión por erradicar el castellano de los centros, el conseller de ERC llega incluso a advertir de que la inspección educativa controlará que el catalán sea la única lengua vehicular. Lo cual deja en evidencia otro problema más de la cesión de competencias en educación a las autonomías: que la Generalitat pueda manejar a su antojo a sus propios inspectores.