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Joan Delort, director general de Prevención, en el Parlamento catalán / EP

Joan Delort

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Que los tribunales hayan imputado a siete miembros de los Bomberos de la Generalitat al hallar indicios de presunta corrupción en el cuerpo supone un golpe frontal para la institución. Los propios sindicatos advierten de la falta de medios con los que deben realizar su trabajo y la respuesta recurrente desde 2010, cuando se aplicaron los grandes recortes en el ámbito público, era que no había recursos. Ahora, esta justificación queda en el aire.

Todo ello cuando la sombra de los favores políticos que se pagaban aparece de nuevo. No solo la cúpula de Bombers ha perdido credibilidad pública, también ha roto la confianza con los trabajadores. Y por el tipo de trabajo que realizan, es básica para el buen funcionamiento del cuerpo. Recuperarla debe ser una prioridad, sea cual sea el coste personal de ello.