Dolors Bassa

Que hoy se apruebe en el Parlament la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es gracias a una Iniciativa Legislativa Popular que comenzó a tramitarse hace tres años y medio y que, a pesar de las trabas impuestas por CiU en la anterior legislatura, por fin ve la luz.

La consejera de trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa (ERC), ha sido la encargada de impulsar esta prestación, que todavía presenta muchas lagunas. Alcaldes pertenecientes a todo el espectro ideológico han expresando mediante una carta enviada a los grupos parlamentarios las dudas que la ley de la RGC les genera, concretamente en lo que respecta a su gestión. Es decir, a su viabilidad económica. El proyecto no ha ido acompañado de una memoria sobre los recursos que la Generalitat está dispuesta a invertir. 

De torpeza puede calificarse, asimismo, que los ediles --el principal contacto con la Administración de esas personas con riesgo de exclusión que accederán a la RGC-- hayan sido ninguneados, pues poca o nula información sobre la elaboración de la ley se les ha proporcionado.