Carles Aleman

El consejero delegado de ICL Iberia Súria y Sallent (Iberpotash) desde el pasado febrero, Carles Aleman, inició su mandato en la compañía con una petición ante el TJSC de prorrogar el cierre de la explotación de Sallent. Una mina que funciona desde hace años sin la autorización ambiental que necesita cualquier industria y con el ordenamiento urbanístico que afecta la actividad en el aire por el conflicto ambiental de la escombrera.

Es decir, una montaña de residuos salinos tan alta como la del Tibidabo de Barcelona que contamina los acuíferos de la zona y el río Llobregat. No debería crecer más a partir de este viernes, ya que las partes implicadas en el litigio pactaron en 2014 acabar con la actividad el 30 de junio de 2017. Fecha en la que ICL concentraría las extracciones en Súria.

Pero hace tan sólo 15 días Aleman motivó la moratoria porque las instalaciones de la población vecina no están preparadas. Amenazó, asimismo, con el impacto laboral de cerrar la mina de Sallent. Lo más sorprendente del caso es que la vista ante el TSJC tuvo lugar este jueves y se especula que la resolución se publicará a lo largo de esta jornada. Una urgencia inaudita que arroja más sombras sobre el caso.