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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en un acto oficial esta semana / EP

Ada Colau

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Los comunes irrumpieron en la política con el mensaje de que se tenía que cambiar, pero casi una década después se ha visto cómo en la política de reparto de subvenciones no solo seguían la senda de sus predecesores, sino que ha ido a más. Que ni el propio interventor del Ayuntamiento de Barcelona sea capaz de poner una cifra exacta al dinero público que se ha inyectado en una legislatura y media a la oenegé donde trabajó la alcaldesa antes de lanzarse a unas elecciones municipales es grave.

Más allá de que sea una cuestión judicial, supone una gestión torticera del dinero público. Colau debería recordar que no son sus recursos, de los que puede disponer cuando quiera, sino que son los de la ciudadanía.