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El diputado del PNV Mikel Legarza en La Puebla de Arganzón (Treviño) / PNV

A veces, la provincia sí conviene

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Uno de los puntos del pacto sellado entre el PNV y el Gobierno para que los nacionalistas vascos apoyaran la cuarta prórroga del estado de alarma se refiere al condado de Treviño, una porción de territorio de la provincia de Álava que desde el punto de vista administrativo pertenece a la de Burgos y a la comunidad autónoma de Castilla y León.

El PNV quería que la desescalada de la reclusión del enclave castellano en el territorio vasco se hiciera, lógicamente, al ritmo de la provincia de Álava, no de Burgos. El hecho de que el Gobierno admitiera ese criterio --como recoge este sábado el BOE-- ha levantado algunas ampollas entre los castellanoleoneses que sospechan que se trata de un paso previo para cambiar la ubicación administrativa de Treviño (Trebiño o Trebiñu). De hecho, el PNV defiende una consulta para que los habitantes de esa zona elijan entre ser burgaleses o alaveses.

Pero lo sorprendente es que esa negociación provincial se producía en paralelo a las críticas del Gobierno vasco, como había hecho la Generalitat de Cataluña y la de Valencia, a la decisión del Gobierno de usar la provincia como unidad territorial para aplicar las sucesivas fases del desconfinamiento. Iñaki Urkullu no hubiera aceptado que la suerte de Treviño, que está a 15 kilómetros de Vitoria, fuera distinta a la del resto del territorio alavés. O sea, que el PNV desde el principio ha estado aplicando criterios de distancia geográfica, como las provincias --que coinciden al 100% con las diputaciones forales; o sea, con los territorios históricos-- por encima de la organización sanitaria, las áreas de salud. Todo lo demás era pura presión política.