La estafa de internet rural en España

En algunas zonas de la España rural se paga hasta dos veces más por una velocidad acceso 150 veces inferior

Un usuario navega por internet

Un usuario navega por internet

La brecha digital en España existe claramente bajo un tapiz geográfico. En el mundo urbano es posible acceder a tarifas de hasta 300 MB, con fibra óptica, a precios inferiores a 30 euros mensuales. Al contrario, en las zonas más rurales el precio se dispara. Un acceso, podríamos decir ridículo en 2016, a un máximo de 2 MB tiene un coste superior a 50 euros cada mes. 

Un simple repaso a las tarifas de la filial para Asturias y Galicia de Iberbanda, a su vez filial de Movistar, Tngo, pemite ver precios de hasta 50,82 euros con un compromiso de 12 meses para una velocidad de 2 MB. Sí, ha leído bien, 2 MB. Imaginen ver un streaming, ver un simple vídeo de Youtube o algo más habitual en estas fechas como instalar una cámara de seguridad. Un aunténtico suplicio por una importante cantidad mensual. Por poco más de la mitad de ese precio, apenas 26 euros, podemos disfrutar en la ciudad de velocidades en fibra óptica de 300 MB.

El despliegue de la banda ancha

Hasta hace unos años había una explicación lógica. El despliegue de la banda ancha era caro y sólo accesible a núcleos urbanos. En ese contexto, empresas como Iberbanda hicieron su agosto. La tecnología Wimax permitía acceder a los lugares más rurales con una inversión menor. Este acierto permitió a la compañia sumar contrataciones públicas con administraciones como la Xunta de Galicia, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Navarra o la Junta de Castilla y León. A cambio de una importante subvención, prometían un "acceso digno" a todos los ciudadanos.

Esa lógica se ha transformado abruptamente con la consolidación primero del 3G y luego del 4G. Se da la paradoja de que, en zonas donde no existe cobertura terrestre por cable o fibra, la red Wimax mantiene ese máximo de 2 MB, mientras la red móvil llega a velocidades de 10 y hasta 30 MB. Todo con un coste para el operador inferior al cableado para llegar a las zonas rurales. La banda ancha ya llega pero no es vía Wimax, una tecnología obsoleta.

La estafa de la internet rural

Ofrecer a ciudadanos del mismo país opciones tan antagónicas, en precio y calidad, para ejercer un derecho supuestamente universal como la conexión a internet es preocupante. Si llega internet de alta calidad como el 3G o el 4G, ¿por qué los gobiernos autonómicos locales mantienen sus acuerdos con empresas tecnológicas obsoletas que cobran la MB a precios desorbitantes? La explicación es sencilla. A diferencia de otros países de Europa, en España ninguna compañía ha sido capaz de ofrecer datos ilimitados para sus accesos móviles. El camino para romper la brecha digital. 

 En España ninguna compañía ha sido capaz de ofrecer datos ilimitados para sus accesos móviles. El camino para romper la brecha digital 

Una política comercial protegida por el Gobierno y su absoluta falta de capacidad para entender la tecnología. Pero no sólo es incapacidad sino, peor aún, es decisión voluntaria y torticera. Saben que, en caso de ofrecer algunas compañias datos ilimitados, el negocio de la internet rural desaparecería. Por una vez, la brecha digital sería más corta, pero el dinero manda. Por lo que, eso que debería ser política, se convierte en un nuevo campo económico de intereses.

La internet rural es claramente una estafa de las compañías telefónicas en España. Y no sólo es permitida, sino que incluso es pagada por varios gobiernos autonómicos y entidades locales. Una estafa que no sólo no garantiza un acceso digno a los ciudadanos, sino que con el bloqueo a tarifas más abiertas favorece el crecimiento y los ingresos de empresas con una tecnología claramente obsoleta. El acceso a unas velocidades dignas en el medio rural es posible si existe una voluntad política para considerar universal el acceso a internet.

Desconectar la brecha digital 

Precisamente los gobiernos deben ser los primeros en presionar a las empresa telefónicas para ofrecer a sus ciudadanos unas condiciones similares de acceso en cualquier punto de la geografía de España. La inversión en repetidores para redes 3G ó 4G de banda ancha es más económica que la subvención a tecnologías pasadas. Pero no sólo debe ser inversión.

También debe legislarse para favorecer la igualdad entre ciudadanos. El acceso a internet debe blindarse como un derecho universal. Las compañias telefónicas deben ser obligadas a ofrecer tarifas competitivas de datos ilimitados para que la internet rural tenga el mismo acceso universal a las comunicaciones. Sólo de esta manera se podrá cercenar la distancia de la brecha digital en España. Por cierto, algo ya habitual en diversos países de Europa.

Pero los gobiernos deben actuar en más campos. Como primer paso, deben eliminar la subvención a las empresas que aprovechan una tecnología obsoleta para fagocitar el dinero de clientes en lo rural. Un país no puede permitir tener ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al acceso a la información. Si las compañias no son capaces de llegar con un cableado, deben ofrecer soluciones aéreas con consumo ilimitado por tarifas similares a las disponibles en los centro urbanos. Sólo así podremos desconectar la cada vez mayor brecha digital en España entre lo rural y lo urbano.

 
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información