ACCO dice que el plan de Colau sobre Uber frena la competencia

El organismo asegura en un informe que el proyecto de reglamento de VTC de AMB no está justificado e impone medidas altamente restrictivas para la competencia

Imagen de un taxi en Barcelona y el documento con las matrículas de Uber que están difundiendo los conductores / CG

Imagen de un taxi en Barcelona y el documento con las matrículas de Uber que están difundiendo los conductores / CG

Como ya advertimos en su momento, Colau ha encontrado el rechazo de Competencia en el proyecto de reglamento de VTC del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). ACCO (Autoritat Catalana de la Competència) ha publicado un informe en el que señala que dicho reglamento no está justificado y, además, ha observado que impone medidas altamente restrictivas para la competencia.

En este informe, la ACCO considera que el objetivo que persigue el proyecto de reglamento es per se restrictivo para la competencia porque no responde a ninguna razón imperiosa de interés general sino que pretende evitar que se intensifique la competencia en beneficio de una parte de los operadores, concretamente del sector del taxi. Más exactamente, la ACCO considera que si no se modifica este reglamento se producirá la expulsión del mercado de operadores con licencia VTC con la potencial afectación negativa a los intereses de los consumidores. En concreto, considera que asegurar el equilibrio de la oferta y la demanda y la rentabilidad económica de una parte de los operadores no son objetivos válidos en la medida que constituyen una prueba económica y la manifestación de un interés particular que actúa en detrimento del consumidor.

Así restringe el reglamento de VTC de Barcelona la competencia

Al respecto de otorgar una licencia VTC por cada 30 de taxis, estipulación que figura en el reglamento liderado por Colau, la ACCO considera que esta medida es altamente restrictiva de la competencia porque, a la vista de las circunstancias del mercado, introduce un trámite de doble autorización que infringe el principio de necesidad. Además, esta medida supondrá una barrera insalvable de entrada al mercado para todos aquellos nuevos operadores que se prevé que obtengan licencia VTC como consecuencia de sentencias judiciales e, incluso, supondrá la expulsión del mercado de operadores que actualmente ya disponen de licencia VTC y que operan en el Área Metropolitana de Barcelona.

Sobre la creación de un registro metropolitano para controlar las VTC, ACCO considera que incrementa los costes administrativos de los operadores. De hecho, la ACCO considera que la duplicación de costes es evitable puesto que ya está prevista la creación de un registro de ámbito catalán a tal efecto (según prevé el DLL 5/2017, actualmente suspendido) y se podría optar por establecer mecanismos de colaboración interadministrativa.

Finalmente, en cuanto a las exigencias de disponer de un local y de documentación a las personas jurídicas titulares de autorizaciones, la ACCO considera que la primera es  injustificada y discriminatoria respecto de aquello que se establece para el sector del taxi; y que la segunda aunque podría estar justificada a efectos de controlar el carácter intransmisible de las autorizaciones de VTC, la ACCO considera que la medida es una carga administrativa desproporcionada ya que se podría controlar la transmisión de títulos con la presentación de menos documentación. 

El organismo de competencia catalán recomienda que las medidas para adaptar vehículos a necesidades específicas se establezcan de manera conjunta para el sector del taxi y para el sector de los VTC y, en todo caso, las exigencias se establezcan en el nivel mínimo suficiente para atender proporcionadamente las necesidades específicas.