Servicios gratuitos que dejan de serlo

Enfrascados en la vorágine de los contratos bancarios y las cláusulas abusivas, conviene no olvidar que la protección de los consumidores se produce en otros ámbitos realmente importantes, como pueden ser los servicios telefónicos. El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia interesante el 26 de enero de 2017. Allí analiza un servicio prestado por una compañía telefónica que inicialmente era gratuito para luego ser de pago.

La sentencia tiene trascendencia, en primer lugar, porque se plantea de una manera no habitual ya que fue el Ministerio Fiscal quien actuó en interés de los consumidores. Es muy positivo que Fiscalía acuda a la jurisdicción civil para proteger intereses colectivos. No debemos olvidar que la normativa española permite que las demandas las puedan interponer colegios profesionales. Es muy importante la implicación pública en la defensa de los consumidores. En segundo lugar, la sentencia es importante porque aborda el conflicto entre las normas que regulan la protección de los consumidores (RDL 1/2007) y las normas sectoriales que regulan los servicios de telefonía. Es interesante comprobar que en estas situaciones de conflicto entre normas, no debe debilitarse la protección de la parte más débil en el contrato.

El Tribunal Supremo advierte que debe constar la voluntad inequívoca de los usuarios para contratar servicios que, finalmente, resultan onerosos (el servicio de identificación de llamadas). Más allá del caso concreto, que tiene su interés, es importante lanzar el debate de lo que sucede con muchos servicios básicos para los ciudadanos. Unos servicios cuya facturación no siempre es comprensible, en la que se producen alteraciones que en ocasiones generan preocupación o incluso estupor. A veces los prestadores de servicios se amparan en que nadie litiga por un euro más en la factura. Por eso se debe animar a las asociaciones de consumidores, a la Fiscalía y a los colegios profesionales a demandar por esos euros residuales que, sumados, pueden convertirse en una verdadera fortuna.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en múltiples ocasiones ha defendido las bondades de la liberalización de los mercados, la creación de un gran mercado europeo en el que todas las compañías pudieran competir. Como contrapeso a esa liberalización la normativa europea ha advertido que debe fortalecerse la protección de los consumidores. Sirva como referencia el asunto RWE Vertrieb AG, sentenciado el 21 de marzo de 2013. Allí el Tribunal considera que "tiene una importancia esencial a tal efecto determinar, por una parte, si en el contrato se expone de manera transparente el motivo y el modo de variación del coste relacionado con el servicio que ha de prestarse, de forma que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste, y, por otra parte, si el consumidor dispone del derecho a rescindir el contrato en caso de que el coste se modifique efectivamente".

El coste de muchos servicios esenciales se ha convertido en una preocupación básica del consumidor. A veces no entienden (no entendemos) las razones por las que se incrementan los precios y, pese a ello, pagamos puntualmente. Una sentencia como la dictada por el Tribunal Supremo hace unos días permite considerar que España poco a poco va incorporando un nivel de protección del consumidor. Por cierto, sólo un detalle final: el cambio de tarifas fue en los años 2008/2009. Hasta principios del año 2017 no ha habido un pronunciamiento judicial definitivo. Ocho años de litigios para eliminar una clausula en la que se establecía el coste del servicio de identificación de llamada en 0’58 euros al mes.

 
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información