Pensiones, impuestos a la banca y burbujas inmobiliarias

Ha levantado polémica la propuesta de Pedro Sánchez acerca de un posible impuesto a los bancos para financiar las pensiones. Las reacciones no se han hecho esperar. Incluso un periódico habitualmente nada crítico con la izquierda, como El País, ha salido en tromba contra la propuesta.

Es evidente que hay elementos sorprendentes en la propuesta, como es creer que con una aspirina en forma de impuesto de escasos ingresos podremos hacer frente a la pulmonía de las pensiones públicas. Efectivamente, para reformar las pensiones públicas hay que ambicionar retos más cuantiosos y enfrentar el desafío más importante: reducir la elusión fiscal generalizada que limita la capacidad de aumentar el gasto social.

Además, la propuesta parte de una incorrecta concepción de la financiación de las pensiones. Estas están soportadas en última instancia por el Estado, con todos sus impuestos. Ni de forma excluyente ni tan siquiera preferente cabe vincular un impuesto determinado a un fin específico, por muy loable que sea éste.

Adicionalmente el argumentario del partido socialista se ha dejado en el tintero un factor clave de beneficio social: tiene sentido crear un impuesto flexible al crecimiento del crédito hipotecario con objetivo no recaudatorio, sino estabilizador.

Veinte años después de su fallecimiento, la última crisis bancaria global ha reivindicado el legado de teoría económica del postkeyneisano Minsky. La economía no tiende a estabilizarse automáticamente, más bien los hechos constatan lo contrario:  impulsados por el endeudamiento desmesurado, los ciclos económicos causan crisis recurrentemente.

Por ello estaría bien idear una palanca fiscal que estabilizase el sistema y complemente la política monetaria, diseñada a nivel europeo y que olvida los aspectos locales de España. En este país vamos de burbuja en burbuja inmobiliaria y faltan instrumentos capaces de pincharlas antes de que amenacen a la economía. Una subida del precio de la vivienda favorece sólo a los propietarios que venden las segundas viviendas, pero excluye y margina a los que no pueden acceder a la primera vivienda, especialmente a los jóvenes. Los españoles intuyen que, si compran una vivienda y se revaloriza un diez por ciento habiendo pedido tres cuartas partes del dinero al banco, su beneficio personal se aproximará al cuarenta por ciento. Por ello es lógico y racional decidir individualmente vivir al límite del endeudamiento.

Típicamente hemos visto que en cada salida de la recesión el crédito hipotecario se amplía, e inmediatamente la capacidad de endeudamiento de las familias se dispara, pero no aumenta tanto la oferta de viviendas como su precio y se traduce en otra burbuja de precios de la vivienda. Hubo burbujas en los setenta, ochenta, noventa y la más espantosa en la última década, alimentada por la financiación ilimitada que tuvimos por acceder al club Euro. El precio de la vivienda sigue estando elevado a pesar de diez años de recesión y estancamiento. Es más, comienza a subir otra vez, como se aprecia en el gráfico adjunto. El efecto neto fue y es devastador, especialmente para las generaciones de jóvenes precarios que no tienen ni ahorros ni acceso al crédito suficiente para alcanzar a pagar precios exorbitados. Con suerte en lugares como Madrid o Barcelona podrán acceder a una minivivienda en propiedad (hipotecada, por supuesto) cuando alcancen los treinta y muchos años.

Precio de la vivienda libre por m2

Pues bien, una forma de frenar el crecimiento de los precios pasa por encarecer el crédito hipotecario. Visto que los bancos insisten en no elevar los tipos de interés con fuerza, que enfriaría la burbuja, una solución alternativa consiste en gravar los intereses bancarios con un impuesto al banco. Es neutral en términos de competencia sectorial y sin embargo permite tener tipos ultrareducidos para privilegiar la primera vivienda, especialmente la de los jóvenes y simultáneamente gravar más el apalancamiento elevado (hasta hacer disuasoria la especulación).

Los parámetros de gravamen han de ser sencillos: cero impuestos cuando sea acceso de jóvenes a su primera vivienda y con un Loan To Value bajo.

Aunque el efecto recaudatorio inicial sea pequeño, unos 300 millones de Euros, obtendría un impacto anual acumulativo al pagarse durante toda la vida del préstamo. Con una duración media de diez años, la recaudación media se elevaría a 1500 millones de Euros, pudiendo subir aún más en un contexto de recalentamiento del sector. Caso de ser necesario para enfrentar una burbuja especulativa, procede subir lo suficiente hasta enfriar los precios. Como efecto secundario, derivará crédito hacia sectores alternativos como las pequeñas empresas o los negocios de profesionales, que son los que de verdad generan empleo en este país (y en los demás). Por supuesto levantará ampollas entre los especuladores particulares de ladrillazo fácil con dinero ajeno, pero éstos no constituyen una prioridad social.

Si alguien cree que recibirá poco apoyo social, se equivoca.  Pensemos que, a quien de verdad favorece, es a millones de jóvenes dándoles posibilidad de acceder a viviendas a un precio contenido, mientras que no perjudica a los mayores con propiedad (que no cambian de vivienda para dar el pelotazo). Además, reducirá el riesgo de otra crisis bancaria como la de esta década, favorecida por la concesión arriesgada de crédito y cuya factura continuamos pagando justos por pecadores. Una medida de este tipo a tiempo habría evitado 70.000 millones de Euros de coste de rescate bancario. Estamos a tiempo de ahorrarnos la siguiente factura y tener más dinero, entre otras prioridades, para pensiones.

 
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