La refinanciación de las grandes compañías y el Brexit

Las grandes compañías europeas han sorteado la crisis económica y financiera sin necesidad de acudir a procedimientos judiciales de insolvencia, y en lugar de pasar por los juzgados han preferido acudir a procedimientos extrajudiciales de refinanciación. Así han podido sortear situaciones de insolvencia que podrían haber generado problemas sistémicos en la economía europea, problemas mayores que los que ya hemos sufrido.

En la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI las grandes compañías encontraban confort fundamentalmente en el Reino Unido, donde cualquier empresa podía reestructurar su deuda bajo la supervisión de los abogados ingleses, aunque no tuviera su centro principal de intereses en el Reino Unido. Bastaba con disponer allí de una pequeña filial, aunque fuera meramente instrumental, y el sometimiento al fuero de la City de Londres.

Para algunas operaciones más complejas se buscaba trasladar las refinanciaciones a Luxemburgo. Las razones por las que se llevaban la mayor parte de las refinanciaciones a Londres o a Luxemburgo eran la agilidad y flexibilidad de sus normas, la confidencialidad del proceso de refinanciación y el blindaje de algunas de las operaciones que la empresa debía cerrar con las entidades financieras, que no sólo permitían plazos más amplios para la devolución de los préstamos, sino que incluso llegaban a facilitar liquidez a las sociedades refinanciadas con el fin de poder hacer frente al pago de trabajadores, proveedores estratégicos y acreedores públicos. A cambio, las entidades financieras tomaban posiciones u opciones de posiciones que las convertían, a la postre, en dueñas de importantes paquetes accionariales.

Los bancos financieros pasaban, a su pesar, a ser bancos industriales. En el entorno anglosajón o luxemburgués una de las normas de confort era que las garantías adoptadas como consecuencia de los acuerdos de refinanciación no podían ser atacadas en los procedimientos concursales si, finalmente, la refinanciación fracasaba. España fue de los últimos países de la Unión Europea en disponer de un sistema de refinanciación extraconcursal, y de hecho algunas empresas españolas consideradas estratégicas habían refinanciado sus deudas más allá del territorio español, con un coste económico que se incrementaba porque tenían que contar con grandes despachos de asesores internacionales y el apoyo de bancos internacionales.

A partir del año 2009 la normativa española se ha ido dotando de normas que permitían la refinanciación y evitar por lo tanto el concurso. El salto definitivo se dio en 2015, con las distintas reformas de la Ley Concursal. Resulta paradójico que el mayor éxito del legislador concursal haya sido, justamente, la puesta en marcha de instituciones preconcursales que nos han colocado en la vanguardia europea. Los procedimientos de refinanciación de grandes compañías españolas en los dos últimos años, se han convertido en referente para otros legisladores, hasta el punto de que algunas grandes corporaciones incomodadas por el Brexit están evaluando abandonar Londres y domiciliarse en otros países de la Unión, países que dispongan de una legislación flexible para poder seguir llevando a efecto refinanciaciones, entre otras razones porque la crisis económica sigue en el consciente y en el subconsciente colectivo, se han cerrado en falso muchos conflictos y la economía europea sigue estando en observación.

La normativa española ha llamado la atención de los grandes despachos de asesores globales y los bancos internacionales de inversión, nuestra normativa (la disposición adicional de la Ley Concursal y, sobre todo, la excelente práctica judicial de algunos juzgados mercantiles en España) nos permite competir con los tribunales y legislaciones de países como Holanda, que cuentan con la ventaja de que allí se permite seguir el procedimiento en idioma inglés, allí los juzgados no están colapsados y la judicatura mercantil tiene una alta especialización.

En definitiva, hay una posibilidad razonable de que España consiga beneficiarse del Brexit y atraiga nuevas empresas. Para que eso sea así es necesario un esfuerzo importante de las autoridades españolas, no solo para terminar de reformar las leyes sobre estas materias, sino también para dotar a los juzgados y a los jueces de medios materiales suficientes.

 
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