Cláusulas suelo: códigos y protocolos

En condiciones normales, una sentencia como la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 21 de diciembre debería dar lugar a su cumplimiento inmediato por las entidades financieras, que deberían haber articulado ya los mecanismos para una pronta devolución a los afectados de las cantidades que se pagaron indebidamente como consecuencia de unas cláusulas que, finalmente, se han considerado abusivas.

Como las condiciones no parecen ser normales, los bancos afectados ya han anunciado que esperarán a que se dicten las resoluciones judiciales correspondientes, es decir, esperarán a que se reanuden los miles de procedimientos ahora paralizados a la espera de la resolución de la cuestión prejudicial, y requerirán al resto de personas afectadas a iniciar nuevos procesos judiciales. Como los juzgados están en su práctica mayoría saturados esta espera se puede demorar meses, incluso años, obligando a los consumidores a litigar.

La nulidad de las cláusulas suelo y los efectos de su eliminación en los préstamos hipotecarios se judicializó desde un inicio. El Gobierno tuvo la oportunidad en el año 2013 de aceptar una propuesta legislativa de anulación de las cláusulas suelo pero prefirió que los procesos judiciales siguieran su curso, un curso iniciado en 2011 y que en 2017 todavía no ha concluido. Más de seis años de litigios en los juzgados, varias sentencias del Tribunal Supremo español en las que se han considerado nulas la práctica totalidad de estas cláusulas.

Pese a la contundencia de las resoluciones judiciales, todavía esperan varios años más de conflicto en los juzgados con el coste añadido que supone para el consumidor y, fundamentalmente, para las entidades financieras que han de externalizar sus servicios jurídicos y contratar a despachos de abogados para defender sus intereses.

A los pocos días de hacerse pública la sentencia de Luxemburgo, el Gobierno anunció su voluntad de dar una respuesta rápida y eficiente al conflicto habilitando instrumentos extrajudiciales para resolver el problema. Hubo un primer intento a finales de 2016 de aprobar un Real Decreto en el último consejo de ministros del año, intento frustrado porque la propuesta corría el riesgo de no ser convalidada en el Parlamento. Se anuncia un segundo intento para mediados de 2017, sin que hasta la fecha se haya constatado un apoyo legislativo suficiente.

El Gobierno anunció primero un Código de Buenas Prácticas Bancarias, una fórmula ya utilizada, sin mucho éxito, para abordar en 2012 la crisis de las ejecuciones hipotecarias. Finalmente ha modificado su propuesta y plantea un protocolo de actuación.

Al margen de cuestiones semánticas, que tienen su importancia, pero no son fundamentales, sería conveniente antes de habilitar mecanismo extrajudicial para resolver el conflicto, fijar algunos criterios básicos: 1) Debería declararse legalmente la nulidad de las cláusulas suelo. Tras varias resoluciones judiciales no tiene sentido que todavía se discuta en los tribunales sobre la validez de esas cláusulas. 2) Deberían habilitarse instrumentos de pago inmediato para los afectados, no procesos administrativos de mediación o arbitraje. 3) Debería reconocerse el derecho del consumidor a ver satisfechas las cantidades indebidamente pagadas, más los intereses legales generados y las costas que haya tenido que asumir el perjudicado en asesoramiento. Los borradores se olvidan de los intereses y garantizan que no habrá condena en costas a las entidades. 4) Debería exigirse a la entidad financiera la inmediata certificación de las cantidades indebidamente percibidas. No tiene sentido abrir laberintos que trasladen al consumidor la carga de establecer lo que ha pagado indebidamente. 5) Deberían establecerse efectos para todos los afectados por las cláusulas, al margen de que los asuntos hubieran sido sentenciados o resueltos de modo distinto al fijado por el Tribunal de Luxemburgo.

Las líneas fundamentales de la propuesta del Gobierno que han aparecido en algunos diarios estos días, se alejan de estos criterios básicos, lo que puede generar un nuevo tirón de orejas europeo.

 
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