Cláusulas suelo: 21 de diciembre, respuesta definitiva. ¿O no?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el próximo día 21 de diciembre por la mañana hará público el fallo sobre la cuestión prejudicial que afecta a las cláusulas limitativas de los tipos de interés incluidas en miles de hipotecas españolas. Se trata de las familiarmente denominadas cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo español en mayo 2013 decidió, en una polémica resolución, que la nulidad de estas cláusulas no tenía efecto retroactivo, es decir, los afectados por las cláusulas no tenían derecho a recuperar lo indebidamente satisfecho. Meses después el propio Tribunal Supremo revisó su decisión y estableció que respecto de las cláusulas suelo anuladas a partir de mayo de 2013 el efecto retroactivo sería limitado, lo que suponía que quien hubiera visto anuladas sus cláusulas con las primera sentencias no recibiría cantidad alguna, las cláusulas de entidades financieras no afectadas por la primera sentencia (que implicaba sólo a 4 entidades) debían devolver lo percibido a partir del 13 de mayo de 2013.

En estas circunstancias muchos juzgados españoles consideraron que la decisión del Supremo, la de limitar los efectos, era contraria a la jurisprudencia del TJUE sobre cláusulas abusivas. En consecuencia, decidieron desoír al Alto Tribunal y optar por la solución comunitaria.

Los años 2014 y 2015 fueron un tanto caóticos por la disparidad de criterios judiciales. Varios juzgados se dirigieron al TJUE para intentar dirimir el conflicto de modo definitivo. El propio Tribunal Supremo español ante el planteamiento de estas cuestiones decidió suspender sus asuntos en trámite a la espera de que el TJUE se pronunciara, pronunciamiento anunciado para el 21 de diciembre.

La fecha elegida puede parecer cómica, la víspera de la lotería de navidad. Los millones de euros afectados por la sentencia del TJUE seguramente serán superiores a los millones de euros que reparte la lotería de navidad, y, sin duda, la posibilidad de verse favorecido por la lotería es menor que la de verse beneficiado por la sentencia judicial. De momento algunas entidades financieras que en su día no quisieron, o no pudieron solucionar el problema de estas cláusulas, han entrado en situación de pre-pánico porque la devolución de todas las cantidades puede colocarlas a las puertas del rescate.

No es momento de especular sobre el sentido del fallo de la sentencia del TJUE. La Comisión Europea dictaminó que se debía devolver todo el dinero indebidamente cobrado (en algún caso desde diciembre de 2008). El Abogado General del Tribunal, sin embargo, consideró que era un problema de derecho interno y que la decisión del Supremo español no podía revisarse.

El pronunciamiento del TJUE, curiosamente, no tiene por qué zanjar el conflicto, muy al contrario, puede avivarlo y abrir nuevas vías de agua. Si el TJUE considera que el problema de la retroactividad de las cláusulas suelo es un problema de derecho interno, se reactivarán todos los procedimientos hasta ahora paralizados, y en estos procedimientos los juzgados podrán separarse del criterio del Tribunal Supremo, obligando a las entidades financieras a recurrir en apelación y casación para obtener un pronunciamiento definitivo. Eso supondrá, por lo menos, 3 o 4 años más de litigios.

Si el TJUE considera que el problema de la retroactividad es de derecho comunitario y que el Tribunal Supremo no podía limitar los efectos devolutivos, esa sentencia no supondrá la devolución inmediata del dinero a los consumidores. Seguramente habrán de seguirse procedimientos judiciales en los que caso por caso deberá darse respuesta puntual.

Se han detectado malas prácticas en algunos despachos profesionales que atienden a consumidores ya que fían sus honorarios a la condena en costas judicial, por lo que una solución no judicial frustraría sus expectativas de negocio (muy elevadas ya que en algunos casos además de las costas imponen a sus clientes un porcentaje de lo que se recupere).

La sentencia del TJUE no resolverá el problema de aquellas hipotecas en las que ya se ha eliminado la cláusula suelo sin devolución de cantidades; por ejemplo, en las entidades financieras en las que ya se eliminaron las cláusulas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013. Si se aplica el efecto de cosa juzgada, esos consumidores no tienen derecho a reclamar cantidad alguna.

Tampoco se soluciona el problema de aquellos que han llegado a acuerdos puntuales con su banco de suspender la aplicación de la cláusula, con renuncia a la devolución de cantidades. Probablemente esas renuncias puedan reputarse abusivas, pero obligarán a los afectados a iniciar nuevos procedimientos judiciales largos y costosos, de resultado incierto.

Queda también por determinar si en todo este conflicto de las cláusulas abusivas y su control judicial puede haber alguna responsabilidad de los Estados. El TJUE en el caso Tomasova, resuelto hace unos meses, ha considerado correcto que se declare la responsabilidad del estado cuando los jueces no han actuado correctamente en la tutela de los consumidores.

Hace algunos meses se rechazó una iniciativa parlamentaria de eliminar por Ley las cláusulas suelo. Si se hubiera aprobado esa norma en el año 2013, los ciudadanos se hubieran ahorrado miles de litigios, y las entidades financieras no habrían tenido que hacer provisiones por estos temas en los años 2014, 2015 y 2016 (cientos de millones de euros). El partido del gobierno rechazó, con su mayoría absoluta, esa iniciativa. Muchos abogados de consumidores pensaron que una solución legislativa podía matar a la gallina de los huevos de oro, las entidades financieras o no quisieron o no pudieron aceptar esta solución legislativa, en definitiva, confluyeron muchos intereses que querían enquistar el problema sin darle solución.

El 21 de diciembre el TJUE hará pública su sentencia y puede que, en vez de cerrar la caja de Pandora, la abra definitivamente. El problema de las cláusulas suelo en España no es una cuestión puntual, debe enmarcarse en un mal sistema de garantías para los consumidores, un mal sistema que puede seguir dando tensiones al sistema financiero español y puede obligar a miles de ciudadanos a introducirse en el laberinto judicial.

 
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