Clásulas suelo. El final de un culebrón, ¿o no?

El tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de hacer pública la sentencia en la que resuelve la cuestión prejudicial referida al efecto de la nulidad de la cláusula suelo. El Tribunal Supremo español había declarado ya nulas estas cláusulas pero consideraba que esa nulidad no tenía efecto retroactivo, que solo se debían devolver las cantidades recibidas por los bancos a partir de mayo de 2013, cuando lo cierto es que estas cláusulas suelo habían empezado a operar en los préstamos hipotecarios desde el derrumbe de los tipos de interés en octubre de 2008.

El Tribunal Europeo vuelve a marcar el camino a los tribunales españoles y recuerda que el efecto de la nulidad no puede ser otro que el de la devolución de todo lo percibido. Además da un pequeño tirón de orejas ya que considera que sólo le corresponde al Tribunal Europeo ponderar si esa decisión puede tener efecto limitado. En la Nota de Prensa emitida esta misma mañana se advierte que: “el Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión. En este contexto, el Tribunal de Justicia precisa que las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales no podrán afectar a la protección de los consumidores garantizada por la Directiva”.

La decisión del Tribunal es definitiva e irrecurrible. Tal vez hubiera sido innecesaria si en 2013 el Gobierno hubiera aceptado la proposición de algunos partidos políticos solicitando la derogación de las cláusulas suelo por Ley. Eso hubiera ahorrado 3 años de litigios y tres años de pagos que ahora se han de devolver.

Queda también por determinar si las entidades financieras obligarán a cada uno de los afectados a iniciar o continuar los litigios pendientes para que sea el juez el que dictamine, caso por caso, la devolución y sus efectos. Lo razonable sería que hubiera una decisión que evitara litigios innecesarios y costosos para las entidades, pero también para el consumidor, que ha de asumir gastos procesales y que normalmente se ha comprometido a entregar a su abogado una parte de lo que perciba (la cuota litis habitual en el derecho anglosajón que se ha colado bajo cuerda en nuestra práctica en los litigios).

Conviene aclarar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia lo que hace es responder a las preguntas que han hecho varios jueces españoles que suspendieron sus juicios a la espera de respuesta, por lo tanto el camino procesal es que Luxemburgo comunique a esos jueces su pronunciamiento y esos jueces dicten sentencia. Es verdad que las Sentencias del TJUE tienen efectos reflejos en todos los juzgados y en las leyes, pero no exigen un cambio de ley automático.

A la espera de la sentencia definitiva, que sin duda nos ofrecerá elementos de juicio complementario, ahora más que nunca es una respuesta legislativa rápida, sensata y coherente con esta sentencia del TJUE y otras muchas que se han dictado en materia de consumidores, si no, todos corremos muchos riesgos innecesarios.

 
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