MiFID II: La Comisión amenaza con denunciar a España

La directiva sobre productos financieros tendría que haber entrado en vigor el 3 de enero y el Gobierno continúa sin transponerla

Luis de Guindos, Ministro de Economía, responsable de la transposición de MiFID II, en una imagen de archivo / EFE

Luis de Guindos, Ministro de Economía, responsable de la transposición de MiFID II, en una imagen de archivo / EFE

Como anunciamos en su debido momento, el Gobierno decidió transponer en el último Consejo de Ministros (y casi sin querer) la directiva MiFID II, norma que fue adoptada en respuesta a la crisis financiera para que contribuyera a establecer unos mercados financieros de la UE más transparentes, competitivos e integrados a fin de conseguir que se negocie menos fuera de los mercados regulados, una mayor protección a los inversores y los consumidores y, en última instancia, que se incremente la estabilidad financiera.

La falta de una aplicación adecuada de la Directiva mencionada podría disminuir la protección de los inversores en el mercado minorista de fondos de inversión. En particular, la Comisión pide a España que ponga en marcha disposiciones que aclaren las políticas de remuneración para los gestores de fondos OICVM y procedimientos relativos a las infracciones de las normas establecidas por la Directiva. Si las autoridades nacionales no presentan una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Como recuerda la Comisión Europea en su comunicado, si bien el plazo original fijado para la transposición de la Directiva se prorrogó durante un año, del 3 de julio de 2016 al 3 de julio de 2017 pues algunos Estados miembros (entre ellos España) sucumbieron ante las presiones de las entidades financieras que reclamaban más tiempo para adoptar la norma. Es decir, más tiempo para intentar retrasar los cambios que les implicaban en cuanto a transparencia de costes y, en especial, al cobro de las famosas retrocesiones que, como bien describe Martín Huete, "son el precio que pagan las gestoras a los distribuidores para que vendan sus productos; precio que, indirectamente es soportado por el inversor, porque mediante la comisión de gestión paga aparte de la gestión de su fondo, también su comercialización". 

Por este concepto, en este año de prórroga y de "puesta a punto" de las entidades para la normativa por este concepto han ingresado un 4,2 % más que el año anterior, según datos facilitados por la CNMV.

Algunos Estados miembros no han incorporado las normas a su legislación nacional, o no las han incorporado plenamente. Además de España, se encuentran advertidos por la Comisión Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

La Directiva armoniza el régimen regulador de la UE en lo que respecta a los requisitos organizativos para las empresas de servicios de inversión, los mercados regulados, los mercados de las pequeñas y medianas empresas y los servicios de suministro de datos. También se establecen normas de conducta armonizadas para los servicios de inversión, incluidos los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos.

España tampoco ha implementado otras normativas que implican al sector financiero como son:

  • La Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, que complementa a MiFID II en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.
  • La Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 que la acompaña sobre requisitos de capital que establece los requisitos prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión en la Unión Europea mediante la determinación de normas sobre el importe del capital que las entidades deben tener para cubrir las posibles pérdidas de los riesgos a los que están expuesta.

Hasta la fecha, España no ha aplicado plenamente estas normas de la UE y todavía faltan algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Estas disposiciones se refieren principalmente a las facultades de las autoridades competentes, las sanciones administrativas u otras medidas aplicables a las entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales. También incluyen mecanismos de denuncia de infracciones y normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección.

La Comisión advierte que, si en el plazo de dos meses, las medidas para incorporar plenamente la presente Directiva no se notifican, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

 
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información