MiFID II: cambios en el negocio bancario

La normativa supondrá un importante impacto en cuanto a los ingresos por comisiones de las entidades financieras, más en concreto sobre las llamadas retrocesiones

Inversor hace seguimiento de sus inversiones / Pixabay

Inversor hace seguimiento de sus inversiones / Pixabay

El lunes 18 de septiembre concluye el periodo de consulta del anteproyecto de ley que adapta la directiva europea MiFID II. Entre otras, la normativa supondrá un importante impacto en cuanto a los ingresos por comisiones de las entidades financieras. Más en concreto, sobre las llamadas retrocesiones, es decir, aquellas comisiones que el intermediario (entidad financiera) recibe del distribuidor (sociedad gestora) de los valores, quien previamente las ha cobrado del inversor incluyéndolas en el precio.

Obviamente el cliente inversor desconoce estos pactos entre las partes, que constituyen un conflicto de interés a la hora tanto de ofrecer un fondo de inversión con respecto a otro como, dentro de una misma serie de fondos, ofrecer una clase con respecto a otra por la mayor comisión que le genera a la entidad. La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ya ha advertido al respecto en diferentes comunicaciones, en las que ha recordado que dichas prácticas van en contra del mejor interés de los clientes y suponen un conflicto de interés.

La CNMV indica que el mejor interés debe prevalecer en todo tipo de relaciones y durante toda la vida de las mismas. Las entidades deben advertir a los clientes de fondos similares a los que han escogido si las condiciones económicas son mejores, así como, más especialmente, en aquellos casos en los que estén sujetos a servicios de inversión (gestión de carteras o asesoramiento) en los que, además, pagan una comisión adicional por el mismo. En estos casos, las entidades deben ofrecer aquellos fondos cuya comisión sea más reducida y si, en el futuro, hay un fondo similar con mejor tratamiento, deben recomendar el traslado de las posiciones hacia el más ventajoso. 

El negocio de las retrocesiones

Antes de entrar en los cambios a los que obligará la MiFID en esta parte del negocio financiero, es importante dimensionar el mismo.

En España hay un total de 101 SGIIC (sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva) autorizadas para administrar, representar y gestionar las inversiones, las suscripciones y los reembolsos de los Fondos de Inversión. En algunos casos, también podrán comercializar participaciones de los Fondos de inversión que administran. Para que sus fondos sean distribuidos, algunas gestoras pagan un precio (tanto por ciento) a los distribuidores para que vendan sus productos.

Según las estadísticas facilitadas por la CNMV, en 2016 las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva cedieron 1.432 millones de euros de los más de 2.238 millones de las comisiones de gestión que cobraron, lo cual supone un 64%. Esto resulta especialmente curioso en los principales grupos financieros españoles cuyas gestoras ceden comisiones a sus distribuidores (las propias oficinas bancarias del grupo). La de BBVA dejó al vendedor el 78,3 % de sus ingresos en 2016, la de Santander el 73,1 %, la de CaixaBank el 68,2 % y la de Sabadell el 66 %.

Además, como también denuncia la CNMV en sus comunicaciones, las entidades, cuando hacen recomendaciones, suelen basar su oferta en producto propio con pocas referencias a productos de terceros, por lo que dichas recomendaciones carecen de objetividad y también van en contra del mejor interés de sus clientes. La gran banca afirma que menos del 15% de los fondos que venden son de terceros y ésta situación suele producirse únicamente en los llamados clientes premium. Dicho de otra forma, suelen exigir un patrimonio mínimo para poder acceder a esos fondos. Ese porcentaje es mucho menor o inexistente en otras gestoras centradas únicamente en su producto.

MiFID II impone cambios

La normativa MiFID II impone cambios severos en estas prácticas tanto para el cobro de las comisiones como para la distribución de los fondos propios. El objetivo es claro: prevalece el mejor interés del cliente.

La trasposición de este particular en la normativa queda recogido en el Título IV que regula las normas de conducta y es el primer aspecto que aborda en esta materia. Así, en el artículo 58 del capítulo I, el legislador establece 3 supuestos para que esté justificado el cobro de incentivos. A saber:

  1. La provisión de asesoramiento no independiente sobre inversión. Debe ser sobre una amplia gama de instrumentos financieros adecuados y el acceso a dichos instrumentos debe incluir un número apropiado de instrumentos de terceras partes. La normativa no especifica qué se entiende por amplia gama ni el número mínimo de productos de terceros que deben incluirse. Al respecto de las terceras partes sí indica que deben carecer "de vínculos estrechos con la empresa de inversión".

  2. Para seguir cobrando los incentivos, la normativa obliga a que la provisión de asesoramiento no independiente sobre inversión ofrezca, al menos, una evaluación anual de la misma en la que se refleje la continuidad de la idoneidad de los instrumentos financieros en los que haya invertido. Abre la puerta a otra posibilidad consistente en ofrecer "otro servicio continuo que probablemente sea de valor para el cliente, como el asesoramiento sobre la asignación óptima propuesta para sus activos".

  3. La provisión de acceso, a un precio competitivo, a una amplia gama de instrumentos financieros que probablemente satisfagan las necesidades del cliente, que incluya un número apropiado de instrumentos de terceras partes proveedoras de productos que carezcan de vínculos estrechos con la empresa de inversión, junto con la provisión de herramientas de valor añadido, como instrumentos de información objetiva que ayuden al cliente en cuestión a adoptar decisiones de inversión o le faculten para el seguimiento, la modelación y el ajuste de la gama de instrumentos financieros en los que haya invertido, o la provisión de informes periódicos del rendimiento y los costes y cargos asociados a los instrumentos financieros.

Reacciones del sector financiero

Muchos actores del sector financiero ven en el segundo supuesto un cajón de sastre que facilita que la banca pueda seguir cobrando estas retrocesiones. También lo parece la letra c del citado artículo al redactarse en los términos siguientes: "está justificado por la provisión de un beneficio continuo al cliente en cuestión en relación con un incentivo continuo". 

Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) solicitó la inclusión de un cuarto supuesto al que no atendieron ni la CNMV ni el Ministerio de Economía en la transposición de la normativa. La propuesta consistía en que el ahorrador conozca, explícitamente antes y después de invertir, la cuantía exacta que recibe el comercializador por la distribución de los productos financieros. Según la Asociación, esto también implicaría una mejora de la calidad del servicio al cliente en las dos fases de la venta. También advirtieron de las nefastas consecuencias que la no inclusión conllevaría para los inversores: encarecimiento del servicio, exclusión financiera de los patrimonios más bajos al no poder acceder a determinados fondos y, consecuencia de esto, instrumentalización del ahorro a través de otros productos menos eficientes que los fondos. Una defensa sectorial que nada tiene que ver con el mejor servicio e interés de los clientes.

Finalmente, para evitar posibles trampas en el cumplimiento de la normativa, la CNMV ha solicitado al Ministerio de Economía que especifique la prohibición de la integración vertical que podrían hacer los grandes grupos bancarios en las que simplemente se suprima el pago explícito de incentivos por parte de la gestora al comercializador del grupo, sin alterar el resto de las condiciones en la prestación de los servicios. En las cuentas consolidadas de los grandes grupos no tendría efecto la pérdida de incentivos por distribución y la totalidad de la comisión de gestión quedaría en el grupo porque las gestoras son filiales al 100%.

 
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